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En los últimos meses esta “industria” ha salido al tapete en nuestro país debido a la cantidad de granjas criptomineras ilegales que, entre otras cosas, han puesto en entredicho la sostenibilidad energética local a largo plazo; argumento este utilizado por el presidente Mario Abdo Benítez para vetar totalmente la Ley del Bitcoin en agosto del año pasado.
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Una criptominera no se dedica a “encontrar” el dinero virtual; utiliza más bien procesos informáticos que validan y a su vez procesan las transacciones de una criptomoneda, lo que demanda gran consumo de energía eléctrica. De acuerdo a cálculos especializados, a octubre de 2022, a nivel local una empresa criptominera consume energía equivalente a G. 900 millones mensuales, un costo “ínfimo” versus las grandes pérdidas para la ANDE (que ha intervenido y desconectado 12 criptominas, que perjudicaron a la estatal por más de USD 6,8 millones).
Pero ¿por qué han proliferado estas granjas? Una de las razones es que en la región, Paraguay es el que ofrece más “ventajas” debido al bajo costo de energía eléctrica.
Pero ese, por así decirlo, vendría a ser el “menor” de los problemas ya las criptomineras ilegales constituyen el escenario ideal para actividades del Crimen Organizado. En su artículo escrito para Insight Crime, Mark Wilson (2021) sostiene que las criptomonedas “ofrecen la posibilidad de conservar e intercambiar dinero por fuera de la supervisión del gobierno. Ahora, las organizaciones criminales... la están usando para ocultar sus ganancias de origen ilícito por toda la Latinoamérica” y Paraguay no parece ser la excepción.
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En el contexto también aparecen las cibermulas (“jóvenes cuyas identidades de usan para adquirir grandes volúmenes de criptomoneda mediante lo que parecen ser muchos compradores distintos”) lo que nos muestra que el Crimen Organizado le lleva la delantera al sistema financiero y judicial paraguayo, ya que casi nada se sabe a profundidad, no hay interés de investigar; tampoco figuras legales sólidas y concretas con las cuales atacar la raíz el problema de la minería virtual ilegal.