Mucho hablan los médicos de la prevención y la detección temprana del cáncer para un tratamiento efectivo. Pero no es tan simple acceder, por ejemplo, a una mamografía, una endoscopía o una colonoscopía. Tampoco es sencillo acceder al tratamiento en los tiempos exigidos para que los pacientes salgan adelante.
Ejemplo doloroso: un trabajador privilegiado, -porque la mayoría de los empleados carecen de toda cobertura- es asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS) y necesita quimioterapia, pero el ente no tiene el medicamento. Lo busca en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), que prioriza a sus pacientes. Como obtiene la medicina allí, recurre a un amparo judicial.
El juez ordena al Ministerio de Salud que provea la droga. Pero para entonces, ya no hay stock, así que se está haciendo una licitación o tramitando una extensión del contrato con la proveedora. Mientras, la fecha en que la persona debía empezar la quimioterapia, pasó de largo, su calidad de vida empeora, los dolores arrecian. Para una o dos sesiones, se hacen polladas, los amigos colaboran. Pero a la larga no hay ingresos económicos que aguanten el costo de los medicamentos.
Estas historias se cuentan por cientos. Las asociaciones de pacientes con cáncer lloran de impotencia, porque entre la burocracia, un Estado fallido y la insensibilidad de las autoridades, se les va la vida. Un día más; para compartir con hijos, hermanos, padres, amigos; para ver el sol, sentir su calor, oír los pájaros, oler la tierra mojada con las primeras gotas de lluvia.
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Todo esto fue pasado por alto por Felipe González, que dijo que los recursos de amparo muchas veces los piden pacientes que “ya no tienen chance de recuperación”. La reacción de médicos y enfermos le costó el cargo de ministro de Salud antes de asumir. No es para menos.
Las difíciles condiciones para pacientes con cáncer, apenas un ejemplo del pésimo sistema público de salud, son consecuencia de años de desidia de gobiernos tan colorados como el de Santiago Peña, que inicia en agosto y que debería comenzar a invertir más en prevención.
Si se tuviera acceso temprano a los estudios de detección de cáncer y la garantía de que existirán a su debido tiempo medicamentos y equipos para el tratamiento, no habría necesidad de recurrir al Poder Judicial, que en 2022 obligó a Salud Pública a invertir G. 215 mil millones en medicamentos, oncológicos en el 80% de los casos.
Padecer una enfermedad catastrófica en Paraguay, es suplicar, a veces al punto de la humillación, por conseguir medicamentos y tratamiento a tiempo. La agonía acaba reduciendo el tiempo y la calidad de vida incluso más que el propio cáncer.