Esto, teniendo en cuenta que la Junta Departamental de gobiernos anteriores no se destacó por ejercer una buena labor, sino todo lo contrario. Por ejemplo, en el periodo 2013-2018, del gobernador Justo Zacarías (ANR-HC), se denunció una serie de presuntos hechos de corrupción que tienen que ver con licitaciones amañadas, construcciones de mala calidad y la recientemente reflotada “gallineros de oro”, entre otros.
El gobierno 2018-2023, de Roberto González Vaesken (ANR-HC), tampoco fue muy diferente. A lo largo de estos cinco años en el cargo no faltaron las denuncias por obras sobrefacturadas, de mala calidad, construcciones fantasmas, licitaciones direccionadas, solo por citar algunas.
A todo esto se suma un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), que habla de un nuevo indicio de corrupción, que hace referencia a un daño patrimonial de G. 688 millones en el rubro de almuerzo escolar (2021-2022).
Ambas administraciones coloradas siempre contaron con la complicidad y el aval de la Junta Departamental, mediante el apoyo de liberales e independientes en algunos casos, que no hicieron más que encubrir las irregularidades permitiendo que se dilapiden los recursos públicos.
Lastimosamente, el caso de Alto Paraná no es aislado y se repite en prácticamente todas las gobernaciones y Juntas Departamentales del país, ya que ninguna logra exhibir una gestión exitosa y meritoria de orgullo. Malversaciones en uso de royalties, Fonacide, escuelas que se caen a pedazos, niños sin merienda escolar figuran en la nómina de “legados”.
Solo en el año 2022 los ediles altoparanaenses costaron al Estado un total de G. 3.105 millones, que en promedio sería entre G. 130 y G. 150 millones cada uno, que se distribuyen en concepto de Dietas, Gastos de Representación, Viáticos y Movilidad.
Un gasto demasiado elevado para un pleno totalmente inservible. El desafío de este nuevo gobierno en materia departamental debe ser rever las políticas con las que se concibió la Junta Departamental, plantear su eliminación y buscar un nuevo mecanismo de control, porque así como está no hace más que ser cómplice de la corrupción y nada más.