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Los asistentes, entre quienes estaban los que cándidamente esperaban un desenlace diferente, tuvieron que volver a presenciar los mismos argumentos de casos anteriores. En el primer acto, 57 diputados colorados y liberales, y otros 4 que se abstuvieron, rechazaron la solicitud para intervenir la administración municipal de la intendenta de Valenzuela, la liberal Mirtha Fernández.
Fernández está acusada judicialmente, tras ser imputada e investigada por la Fiscalía por obras inexistentes en su distrito con un perjuicio de más de 600 millones de guaraníes. El diputado liberal Freddy Franco argumentó que existe una “persecución política” contra la intendenta y otros se sumaron para rechazar la intervención.
El segundo acto fue el del salvataje del intendente de Puerto Casado, el colorado cartista Hilario Adorno, también imputado por la Fiscalía por lesión de confianza y otros delitos, tras documentar incluso la compra de una camioneta 0km a nombre del intendente con fondos municipales, y sostener que se desviaron unos 600 millones de guaraníes previstos para el almuerzo escolar de niños indígenas
Aquí fue el colorado Avelino Dávalos quien apeló a lo de la “persecución política” y le agregó el razonamiento de que en caso de destituir al intendente, el Estado debería realizar un gasto innecesario con una nueva elección para reemplazarlo (?).
El tercer y último acto de impunidad fue el de la salvación del intendente de Ñemby, el colorado abdista Tomás Olmedo, denunciado inicialmente por la unanimidad de los doce concejales ñeembyenses, colorados y liberales, por varias irregularidades en su administración, como el pago multimillonario por empedrados que no pudieron ser ubicados y verificados, con transferencias a comisiones vecinales de más de 4.000 millones de guaraníes.
Lo más paradójico de todo es que los pedidos de intervención en los tres casos llegaron desde Juntas Municipales controladas precisamente por los dos partidos tradicionales, los mismos que concretaron la impunidad política de los tres intendentes.
Poco importó recordarles que la intervención de una administración municipal no es una declaración de culpabilidad, sino la posibilidad de auditar de forma más independiente la utilización de los recursos que son de todos los contribuyentes.
Que la propia Constitución Nacional establece en su artículo 165 que la intervención solo se da previo pedido de una mayoría absoluta en cada Junta Municipal, que no puede prolongarse por más de noventa días, y que solo en caso de que se detecten graves irregularidades en la ejecución del presupuesto o en la administración de los bienes municipales, debe ser nuevamente la Cámara de Diputados la que destituya al intendente intervenido, siempre y cuando tenga una mayoría absoluta, es decir, 41 votos.
Quien dejó todo bien documentado fue el colorado cartista Yamil Esgaib, quien asumió el verdadero razonamiento que primó en la sesión, al argumentar que la decisión es política, y que cada intendente “puede ser ladrón, lo que quiera”, pero que la decisión es política y por mayoría se logran los objetivos que se proponen.
Nobleza obliga recordar que no todos los colorados y liberales apoyaron el pacto de impunidad, el más crítico fue el cordillerano Roberto González, quien parafraseó incluso la música “Cambalache” para describir lo que estaba ocurriendo en ese momento, cuestionando sobre todo a los nuevos diputados el continuar con viejas conductas que bien le valieron a la cámara el mote de “Cámara de la Vergüenza.”
“Este es un pacto no de impunidad, sino de delincuencia...yo salvo a tu corrupto y vos salvás a mi corrupto”, sentenció el diputado colorado, recordándonos aquel discurso de Eligio Ayala que ya tiene más de 100 años, en el que sostenía que para ser legislador o ministro, la preparación, el carácter o la honestidad a veces estorban.