En cada caso, los imputados por estos hechos fueron premiados con prisión domiciliaria tras escapar del lugar del siniestro abandonando a sus víctimas. Se puede leer en estas intervenciones judiciales una premiación de una justicia complaciente y timorata a un comportamiento de grave irresponsabilidad ciudadana y carente de todo sentido humanitario hacia las víctimas.
La decisión del ministro Garay de revisar la actuación de estos magistrados tiene un efecto como de “respiro de alivio” que permite al común de los mortales mantener viva aunque sea una pizca de esperanza y credibilidad en un poder tan desprestigiado y sospechado de corrupción, como es el Judicial.
El Poder Judicial tiene un papel gravitante en la construcción de una democracia. De mayor relevancia incluso que los otros dos poderes del Estado, pues funge nada menos que como garante de la democracia. Esto es así porque donde no existe justicia no puede existir paz social. Ni libertad. Ni igualdad. Ni democracia. Entendida esta en toda la amplitud del término, y no como ese espejismo, esa democracia de fachada traducida en una pulseada de intrigas y conspiraciones, como un juego de tronos donde se avasallan derechos y voluntades, y están desterradas la verdad y la equidad.
Pero, para que este poder que forma parte fundamental del Estado cumpla ese papel, vital para una República, se requiere de operadores de justicia no solamente honestos y capaces, sino también con un inquebrantable compromiso con la sociedad a la que presta sus servicios.
Nuestro país necesita jueces y fiscales comprometidos con el pueblo, con la construcción de una sociedad más justa, equitativa y verdaderamente democrática. No de indolentes burócratas con ínfulas de magistrados romanos, funcionales a la corrupción y la impunidad que denigran a la patria paraguaya como ocurre en muchos casos actualmente.