Este es el caso de las llamadas “consultorías”, que suelen ser un muy eficaz modo de escamotear los recursos públicos destinados a “programas” o acciones de gobierno que supuestamente están destinados a erradicar la pobreza y las condiciones de inequidad que acogotan a vastos sectores de nuestra sociedad.
Condición esta que tiene precisamente una de sus principales causales en el despilfarro de aquellos recursos que deberían estar destinados a planes y acciones que posibiliten un cambio en ese estado de cosas, pero terminan en manos de una maquinaria burocrática contaminada de corrupción que se los engulle con absoluta impunidad.
Entre los años 2016 y 2018 el Estado paraguayo destinó la friolera suma de 690 millones de guaraníes del dinero de los contribuyentes en consultorías para planes de acción que deberían atacar la problemática de la pobreza campesina.
Estas consultorías fueron financiadas a través de la Gobernación de Itapúa, el Conacyt y el Ministerio de Agricultura bajo la categoría de “Consultorías, Asesorías e investigaciones. Estudios y Proyectos de Inversión”, según consigna la página de Contrataciones Públicas.
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Cito dos casos de muestra: una consultoría sobre “Diagnóstico de la Agricultura Familiar y el Agronegocio para el desarrollo e implementación de un sistema de banco de datos espaciales con interfaz web. CONACYT – Gobernación de Itapúa”, por el que se pagaron 290 millones de guaraníes.
Otro refiere a una “Consultoría para la elaboración y supervisión de la ejecución de proyecto de agricultura familiar de precisión”, por el cual se desembolsaron unos G. 140 millones.
Curiosamente, ni en la secretaría de Planificación, ni en la Producción y Desarrollo de la gobernación de Itapúa tienen datos, informes y resultados para eventualmente emplearlos en sus programas de gestión.
Con cuánta facilidad, futilidad e impunidad se dilapidan los recursos públicos en el nombre del pobre, sólo para que algunos puedan “estar mejor”. Y así nos va.