Usar a los niños para demoler la presunción de inocencia es un ejemplo emblemático y ominoso.
La presunción de inocencia está expresamente consagrada en el Artículo 17 de nuestra Constitución: “En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1. que sea presumida su inocencia…”
Cualquiera que tenga acceso a la nota que Wikipedia tiene sobre la presunción de inocencia puede leer que sus orígenes se remontan al Talmud de los judíos: “toda persona es inocente hasta que se le encuentre culpable. En consecuencia, cualquier castigo aplicable se postergará hasta que su inocencia haya sido desafiada con éxito”.
Esta era también la norma del Derecho Romano, hasta que el colapso del Imperio Romano permitió a los bárbaros imponer la presunción de culpa, por la cual el acusado debía demostrar su inocencia, base del sistema inquisitorial adoptado por la Iglesia y, consecuentemente, por las monarquías absolutas que se establecieron en Occidente desde entonces.
Las Revoluciones Inglesa de 1688, Norteamericana de 1776 y Francesa de 1789 lograron restablecer la presunción de inocencia como principio rector, aunque los autoritarios lograron resistir al vendaval democrático de la mano de autoritarios asumidos como Manuel Obarrio y Carlos Tejedor, autores del sistema penal argentino del que el nuestro era copia, hasta nuestra reforma penal democrática de 1998.
Mientras nosotros caminábamos hacia la decencia democrática, el FEM, a través de sus ONG impulsaban, y lo siguen haciendo, el camino contrario, específicamente “Save the Children UK”, “Oxfam GB” y las demás dependencias. El FEM detesta la democracia y quiere un sistema corporativo autoritario.
Es emblemática y sintomática la reforma penal en Inglaterra, que a instancias de esas organizaciones, restableció la bárbara y autoritaria presunción de culpa: Los sospechosos ahora, en Inglaterra, sufren la presunción de culpa si se niegan a declarar o a entregar datos personales requeridos por la Policía (Investigatory Powers Act/2000). Esto se hizo con la excusa de “prevenir” delitos sexuales, en los que los acusados están obligados a aportar pruebas de consentimiento, materializada después en la “Sexual Offences Act/2003″.
Los niños deben ser protegidos, no usados para establecer herramientas autoritarias como se está haciendo cuando se sostiene que controvertir las “pruebas” es revictimizar a las víctimas.
Procesos en los que se causa agravio sin que se permita controvertir las pruebas no ayudan a los niños. Ayudan a los nazis a construir su tiranía. No es difícil de entender.