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La filtración de las conversaciones de Cantero con el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, nos pone frente a un burdo montaje para ejecutar actos vengativos que alcanzarían también al periodismo. Para Cantero este es un asunto conocido. En agosto del año pasado esta columna se refirió a Aldo Cantero, y tres fiscales más, en una asociación para amedrentar a la prensa. Querían saber el nombre de los periodistas de los diarios Ultima Hora y ABC Color que dieron una noticia en mayo de 2022. Fue en la causa de “persecución política” de la que Horacio Cartes se consideraba víctima, como ahora.
Tales fiscales ¿para qué querían el nombre de los periodistas? Sin duda, para saber de dónde salió la información y llegar a quienes la dieron. El artículo 29 de la Constitución Nacional manda que los periodistas “no serán obligados (...) a revelar sus fuentes de información”.
El señor Cartes tiene derecho de acudir a la justicia si considera que ha sido lesionado en su honor. Pero el problema es que él juega con una amplia ventaja. Nunca la fiscalía investigó ninguna de las muchas denuncias que se han presentado en contra suya. ¿Qué pasó con el voluminoso expediente de la Comisión Bicameral de Investigaciones que se había acercado a la fiscalía, repleto de documentadas denuncias? ¿Qué pasó del asesinato de Rodrigo Quintana en el local del Partido Liberal? ¿Quién dio la orden? ¿Qué pasó del intento de violar la Constitución Nacional acerca de la reelección? ¿Qué pasó con el metrobús? ¿Qué pasó con...? Llenaríamos de preguntas las páginas del diario.
No es con amedrentamientos a la prensa como vamos a solucionar los problemas de la corrupción, cada vez más robusta. Sin una justicia independiente no podemos esperar días mejores para el país que necesita de una prensa libre de presiones del poder político; una prensa que investigue con libertad, y con responsabilidad, a los empleados públicos, nombrados o electos.
La prensa se alza como obstáculo para los brotes dictatoriales, para los actos de corrupción, para los gobiernos que violan la Constitución y las leyes.
El periodismo no puede evitar ni castigar delitos. Denunciarlos sí para que la ciudadanía reaccione y haga reaccionar a las instituciones respectivas. Este impacto en la opinión pública es el “pecado” del periodismo. Por eso aparecen los intentos de “regular” su actividad; de presionarla solicitando datos de periodistas –o amenazarlos judicialmente- que han publicado informaciones que molestan a los poderosos.
¿Qué espera la sociedad de la prensa?: Informar, opinar, explicar. En estas funciones sobresalen las que tienen que ver con la administración del Estado porque es de interés colectivo. En este rol, la prensa ratifica su antigua mala relación con los políticos. Prensa y políticos manejan intereses distintos. La prensa difunde acontecimientos que los políticos quieren ocultar. Y si no pueden hacerlo, acuden a sus amigos de la justicia para identificar al “criminal” que alertó a la prensa.
El abogado de Cartes quiere castigar a los periodistas que informaron sobre los actos, al parecer indecorosos, que habría cometido su cliente. Castigar al mensajero fue siempre un hecho bárbaro; además, totalmente inútil salvo para deleitarse con la venganza. Hay otra manera de limpiar el honor, si todavía púede limpiarse.
En fin, feliz Domingo de Ramos.