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Alto Paraná es uno de los departamentos de mayor hacinamiento de la población penal, con más de 1.600 internos dentro de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, que tiene una capacidad de solo 500 albergados. De esta cantidad, solo menos de la mitad tiene condena firme.
Esta superpoblación genera todo tipo de problemas dentro del penal que van desde insalubridad hasta graves hechos de corrupción. En algunos pabellones son los presos quienes toman la posta, deciden quién entra y quién sale, cobra por la seguridad, venden todo tipo de mercancías e incluso comandan hechos punibles ejecutados fuera del penal.
Esta realidad es bien conocida y admitida por las autoridades del Ministerio de Justicia. El viernes pasado, el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, visitó el nuevo penal de Alto Paraná que fue construido en Minga Guazú para su habilitación oficial y aseguró que acabarán con estos esquemas de corrupción.
El nuevo penal fue presentado como un centro de reinserción social. Incluso, el ministro dijo que este centro es para las personas que se han equivocado, para que una vez que salgan en libertad puedan reinsertarse a sus familias, ser nuevamente útiles a la sociedad, a sus hijos, al país y no vuelvan a delinquir nunca más. Pero, para que esto se haga realidad se necesita mucho trabajo.
Hoy en día, las personas privadas de su libertad viven en condiciones infrahumanas, sobre todo aquellos que cometen delitos menores, porque los grandes delincuentes ni siquiera son presos y, si los son, muy rápidamente recuperan su libertad.
Concuerdo con el ministro en que muchas de estas personas merecen una segunda oportunidad, todos lo merecemos en realidad y ojalá que con este nuevo modelo penitenciario sea el inicio de nuevas oportunidades a todos aquellos que merecen una segunda oportunidad, como así también aquellos que sean un peligro para la sociedad sean mantenidos bien lejos del resto de la comunidad.