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Elías Martín, a la corta edad de 19 años y con un título de bachiller, fue contratado como “asesor” de la Cámara de Diputados percibiendo de forma mensual G. 9.500.000. Este hecho ya de por sí es un insulto a todos los ciudadanos que, con esfuerzo y dedicación, obtienen títulos universitarios y acumulan experiencia para, tal vez, algún día aspirar a un cargo similar.
Luego de que el caso haya salido a la luz, el joven fue buscado en el Congreso, donde debía estar cumpliendo funciones, pero no fue localizado. Después de algunos días apareció en una oficina de la Diben en Ciudad del Este y a la jornada siguiente se instaló en la oficina parlamentaria de su madre, en lo que claramente fueron montajes burdos para simular que estaba trabajando.
La defensa de la diputada, asegurando que su hijo presentaría su renuncia, fue una promesa vacía que en ese entonces no se concretó. Para completar la historia, entra en acción su esposo, el intendente de Presidente Franco, Roque Godoy (PLRA), quien recibió a su hijo como “comisionado”, en un intento de protección.
La imputación presume que Elías Martín accedió al cargo gracias a la intercesión de su madre, sin concurso público y sin demostrar ninguna competencia profesional. El proceso penal por cobro indebido de honorarios es ante la sospecha de que no se presentaba a cumplir funciones. Finalmente, luego de que se haya confirmado la imputación, Elías Martín renunció.
Es impresionante cómo la casta política cree que puede hacer lo que quiere, pasando por encima de las leyes, y pensando que no tendrá sanción. Claro está, los antecedentes de impunidad probablemente les impulsaron a seguir, pero no todos corren con esa “suerte”.
No se debe aceptar que las instituciones sigan siendo secuestradas por familias que se comportan como verdaderas mafias, colocando a sus miembros en cargos para los que no están cualificados. Este caso es una prueba de que necesitamos una reforma estructural en nuestro sistema político, una que priorice la transparencia, la meritocracia y, sobre todo, el respeto a los ciudadanos.
Después de aferrarse como un tornillo al cargo, es evidente que –para los imputados– algo salió mal. A ellos les resta enfrentarse al proceso y a nosotros, los ciudadanos de bien, no olvidar estos antecedentes y aprender a votar y botar, en las próximas elecciones.