En efecto, el comunicado recuerda, como quien no quiere la cosa, que “Recientemente, Moodys… destacó en su informe sobre Paraguay la importancia de una sociedad civil fortalecida…”
Las ONG citan partes del informe de Moodys según las que nuestro país “…presenta debilidades en los indicadores de gobernanza… enfatizando la necesidad de mejorar en áreas como la eficacia gubernamental, el Estado de Derecho y el control de la corrupción”.
Y agregan a esta cita de arriba la siguiente oración: “Sin una sociedad civil robusta y participativa, es difícil aumentar la confianza en nuestras instituciones y atraer mayores inversiones”. Espero que las ONG tengan la honestidad intelectual de aclarar si esta oración es de ellos o de Moodys, porque de la antedicha cita no se deduce lo que esta oración afirma.
Más adelante, las ONG afirman en su comunicado que “Las regulaciones propuestas en este proyecto de ley representan una amenaza para alcanzar el grado de inversión, ya que limitarían la libertad de asociación… e impondrían cargas administrativas desproporcionadas sobre las organizaciones sin fines de lucro. Esto afectaría su operatividad, debilitaría el tejido social y restringiría la participación ciudadana, elementos vitales para una democracia sólida”.
Es obvio que las ONG firmantes no tienen mucho apego por la honestidad intelectual: Jamás publicaron, desde que comenzó su oposición a la transparencia, qué disposición del proyecto limita la libertad de asociación. Jamás. Sin embargo, sí se apuran por confesar que les molesta lo que la transparencia requiere: “cargas administrativas desproporcionadas”. Son selectivas con las “cargas administrativas desproporcionadas” porque apoyan, en cambio, las que sus cómplices del dogma climático buscan imponer con una excusa inventada a los productores paraguayos vía Unión Europea.
Después, las ONG afirman que el proyecto “…impactaría negativamente el derecho a la propiedad al regular la obtención de fondos privados…” como si recibir financiamiento extranjero para influir en la gobernanza nacional no estuviera expresamente prohibido por el Artículo 126 de nuestra Constitución.
Y por alguna extraña razón, las ONG reclaman que antes de que el Congreso trate el proyecto se consulte el mismo con el Poder Ejecutivo, como si fuera un secreto bien oculto que ellas, las ONG están infiltradas profundamente en el Ejecutivo, razón, justamente, que explica y justifica el proyecto.
Las finanzas de las ONG deben ser transparentadas. El pueblo paraguayo tiene derecho a saber quién les paga y a quién pagan ellas acá. Si no hubieran cosas bien turbias, las ONG no estarían tan militantes impidiendo la transparencia.