Siendo así, la ley con la que nos dieron la bienvenida este año, trabaja sobre la base de una ficción para plantear la redistribución de dinero de los contribuyentes municipales de casi todo el país para la habilitación anual de sus vehículos.
De hecho esa fue la única finalidad con la que, con muy poco debate público, como viene siendo costumbre en esta legislatura, sancionaron la norma en el Congreso y la promulgaron en el Ejecutivo.
La ley, que unifica los precios de las habilitaciones de los vehículos en casi todos los municipios del país, excepto Asunción, plantea exclusivamente la idea de que todos los municipios cobren lo mismo por cada vehículo, tomando únicamente como referencia el año de su fabricación.
La norma es de fines exclusivamente recaudatorios y surgió por el lobby de un grupo de intendentes que veían disminuir lo que recaudaban en concepto de habilitación de vehículos y la “fuga” de contribuyentes a municipios que les ofrecían precios más bajos.
El contexto es que no existe ninguna disposición que obligue a los ciudadanos a habilitar sus vehículos en los municipios en los que residen o trabajan, por lo que cada quien es libre de optar por aquel que mejor le parezca.
Los intendentes perjudicados con la nueva ley ya anunciaron acciones de inconstitucionalidad, basadas en el principio constitucional de autonomía municipal política, administrativa y normativa, y autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.
Ante las críticas y molestias de estos administradores municipales, la ONG Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), a la que el Estado le da entidad como interlocutora, ya anunció la presentación de un proyecto para modificar la ley sancionada hace unas pocas semanas, para encarecer las habilitaciones de los vehículos más nuevos, y abaratar la de los vehículos más antiguos, para tratar de contentar a la mayoría, un castigo entre paréntesis a quienes hacen un esfuerzo por renovar sus vehículos.
En la OPACI saben que el único tema aquí es la plata En muchos casos las posiciones de estos intendentes son gelatinosas y están supeditadas exclusivamente a poder seguir recibiendo más dinero de los contribuyentes, como nos lo confirmaba en una entrevista el miércoles pasado en la 730AM el intendente de Altos, César Ferreira, quien anunció que se reunirán con las autoridades de la OPACI en la semana que empieza mañana ya que consideran que la ley es inconstitucional, pero contradictoriamente anunciaba que si la ley establece mejores precios el estará de acuerdo con la norma (?).
Más allá de ello, el fondo de la cuestión aquí es que el proceso en sí, salvo poquísimas excepciones, es una ficción.
La ley de tránsito y seguridad vial que rige en todo el país, establece que todos los vehículos estatales y particulares, sin excepción, deben pasar por una revisión técnica periódica, a fin de determinar el estado del funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva, además de la emisión de contaminantes.
La realidad en la gran mayoría de los casos es que esto no existe, es una invención, una cosa fingida como la define la academia de la lengua, ya que pese a que en la propia liquidación de la habilitación de los vehículos se hace constar el monto destinado a la supuesta revisión técnica, el proceso anual se reduce simplemente a pasar por la caja municipal para dejar el dinero que servirá mayormente para pagar los salarios de las estructuras prebendarias y clientelares montadas en las administraciones municipales.
Toda la discusión de estos días se reduce exclusivamente entonces a una lucha por el dinero del contribuyente, no por ofrecerle un mejor servicio y una contraprestación por el dinero recibido, sino a los recursos para seguir financiando la ficción municipal.