Si un ciudadano de a pie manifestase tal cosa, sería motivo de burla por su atrevimiento. En el caso de Bachi Núñez es además preocupante, por el cargo que ostenta actualmente.

Según Bachi, si la Corte Suprema dice que la resolución del Senado es inconstitucional, se estaría inmiscuyendo en los asuntos de otro poder del Estado.

Aparentemente, el senador villahayense no leyó bien el artículo 3 de la Constitución, que en su segunda oración dice: “El gobierno (del Paraguay) es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control” y etc. Debería leerla en su totalidad.

¿Bachi estaría de acuerdo en que los ministros de la Corte no acaten, por ejemplo, el resultado de un juicio político en contra de ellos, aduciendo que los congresistas se están inmiscuyendo en otro poder del Estado?

Tal vez el senador “mbarete”, como modestamente se autocalifica, podría argumentar que hay antecedentes de fallos de la Corte que no fueron acatados por el Congreso, como las candidaturas a senador de los expresidentes Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes. Sin embargo, sería muy torpe argumentar que, como los demás violaron la ley, ellos también pueden hacer lo mismo.

Lo que Bachi Núñez pretende instalar es que el cartismo está habilitado a hacer lo que se le ocurra porque tienen mayoría.

Aparentemente, cree ser una suerte de virrey (rey no, porque ese cargo le corresponde más bien al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, cuyas órdenes debe obedecer), con poderes por encima de las leyes y la Constitución.

En el fondo, Bachi sabe que están haciendo mal al pisotear la institucionalidad. Debe ser consciente de que la “fiesta” (la impunidad) se acabará en algún momento y que es probable que él y otros sean quienes terminen por ir donde hace poco dijo que debía estar el intendente Miguel Prieto: en la cárcel de Tacumbú, de Asunción, Paraguay, como dijera hace mucho tiempo el recordado Domingo Laíno.