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Pasiva reacción y furia ciudadana

Este artículo tiene 1 año de antigüedad

El crimen de María Fernanda Benítez conmocionó a todo un país y a varias otras naciones de nuestra región. La frialdad con la que actuaron los autores del crimen es propia de una película de terror, pero, a la par de todo esto, también existió una muy fría respuesta de la Fiscalía y de los investigadores del caso.

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María Fernanda desapareció en la mañana del martes 27 de mayo; la denuncia fue presentada en la mañana siguiente y, desde ese entonces, su padre, Leonardo Benítez, emprendió una investigación sin precedentes para rastrear a su hija. Con el correr de las horas, obtenía datos certeros sobre su paradero y los transmitía directamente a la Fiscalía, que en ese entonces estaba a cargo de la cuestionada agente fiscal Gladys Torales. Sin embargo, en todo momento hubo una reacción pasiva de la misma, y no se tomó muy en serio la situación.

Tras el hallazgo del cuerpo de María Fernanda, y luego de confirmarse que estaba embarazada de tres meses, y que por esa razón fue quemada viva junto a su hijo en gestación, la furia ovetense no se hizo esperar y reaccionó con fuerza contra las autoridades encargadas de investigar el caso.

Esto llevó a un lamentable enfrentamiento entre policías y ciudadanos, quienes atacaron la casa del presunto feminicida y quemaron su interior.

La situación empeoraba a medida que pasaban las horas, y el Ministerio Público tardó una eternidad en asignar a agentes fiscales más capaces que pudieran llevar adelante la investigación.

Cuando un menor de edad desaparece o es reportado en peligro, toda institución encargada de velar por la vida y la integridad de las personas debería actuar con urgencia máxima. Sin embargo, en este caso, la Fiscalía tardó un día completo antes de allanar la escena y, lo más grave, no impidió que se alteraran pruebas cruciales.

La ciudadanía ovetense dio cátedra de unión y fuerza: unidos podemos hacer que las autoridades se muevan y designen a sus mejores hombres para que hagan bien su trabajo.

Pero la situación demuestra que el Paraguay requiere protocolos claros para casos de violencia de género, sanciones a fiscales que demoren sin causa justificada y un compromiso real de proteger a quienes lo necesitan. Porque una Fiscalía y un sistema de justicia que se permiten el lujo de reaccionar con pasividad ante un feminicidio no merecen llamarse garantes de la ley ni defensores de la ciudadanía.

victor.barrera@abc.com.py

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