Los atentados contra Carlos Benítez, Fabián Costa y Aníbal Benítez, ocurridos en Lambaré, se suman a los más de 600 hechos de violencia y 21 asesinatos de trabajadores de prensa en la era democrática. Esto exhibe cómo se instaló el crimen organizado en la capital y la ineficacia del gobierno ante la creciente violencia.
De los 21 asesinatos de periodistas, solo uno, el de nuestro compañero de ABC Color, Pablo Medina, fue el único que tuvo una condena firme contra los autores materiales y el autor moral, Vilmar “Neneco” Acosta, exintendente de Ypejhú, perteneciente al partido actual de gobierno, lo que evidencia la impunidad cómplice del Estado a los mensajes violentos de los criminales. No está de más recordar que esta condena se dio gracias a la unidad, organización y presión de los periodistas. Esto reflotó el debate de la necesidad de la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
Esto desató un ataque de mentiras contra la ley. Una de ellas, que se crearía una “casta privilegiada”, lo cual se desmiente solo, ya que la mayoría somos trabajadores asalariados -en los mejores de los casos-, sin dejar de mencionar a los colegas que pese a no contar siquiera con garantías laborales, tienen el valor de seguir trabajando confrontando al poder de turno de sus zonas. Lo irónico es que quienes nos acusan de ser una casta privilegiada son quienes gozan de privilegios.
Además quieren instalar que la inclusión de defensores de derechos humanos debilitaría la propuesta, ya que si bien las funciones son similares, -siendo que los periodistas defendemos derechos como la libertad de expresión- la violencia a la que estamos expuestos y las condiciones en las que desempeñamos nuestras actividades son iguales.
Hoy día como sociedad nos enfrentamos a una era de creciente violencia, donde además de las agresiones físicas, nos enfrentamos a constantes mentiras que se instalan a la fuerza por sectores económicos de poder, que buscan silenciar constantemente a las voces disidentes, es por eso que la ley de protección es absolutamente necesaria, no solo para cumplir una sentencia al aprobar una ley inaplicable, sino para instalar un mecanismo que vele por la seguridad de la libertad de expresión.
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