Vivir en una sociedad donde la política pública garantice el gesto de mayor humanidad

En las últimas décadas, Paraguay ha atravesado un cambio silencioso pero profundamente significativo en su estructura demográfica. Si en los años setenta las mujeres promediaban más de cinco hijos, hoy la realidad es muy distinta: la tasa global de fecundidad se ha reducido a menos de la mitad y se ubica por debajo del nivel de reemplazo generacional (INE, 2024). A ello se suma un aumento de casi diez años en la esperanza de vida. Menos nacimientos y mayor longevidad están transformando nuestra sociedad y plantean desafíos urgentes a ser atendidos.

Sin embargo, es importante destacar que ni la reducción de la fecundidad ni el envejecimiento poblacional constituyen problemas en sí mismos. El descenso en el número de hijos refleja avances en el ejercicio de derechos y libertades reproductivas, aunque para muchas personas jóvenes también expresa la dificultad de concretar sus planes de vida y reproductivos ante la falta de condiciones económicas, laborales y sociales adecuadas. Por su parte, el aumento de la esperanza de vida es resultado de mejoras sostenidas en salud, educación y calidad de vida. En conjunto, ambos procesos generan nuevas demandas que requieren respuestas colectivas y políticas públicas sostenidas en el tiempo.

Detrás de estas transformaciones hay historias cotidianas que se repiten en miles de hogares paraguayos: una mujer que cuida a su madre mayor dependiente mientras intenta sostener un empleo informal; una abuela que asume el cuidado de nietos ante la ausencia de servicios accesibles; una madre que abandona el mercado laboral formal porque no encuentra quién cuide a su hijo con discapacidad; una familia que enfrenta sola la atención de una persona con una enfermedad crónica. En todos estos casos, el cuidado continúa recayendo casi exclusivamente en el ámbito privado y, de manera desproporcionada, sobre las mujeres.

El descenso de la fecundidad no implica un rechazo a la maternidad o la paternidad. Está estrechamente vinculado a la sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerados, que limita la autonomía económica de las mujeres y dificulta la conciliación entre la vida productiva y reproductiva, especialmente en contextos donde las políticas de protección social resultan insuficientes (UNFPA, 2025). A medida que las familias tienen menos hijos, también disminuye la disponibilidad de personas cuidadoras en el hogar, mientras aumenta la demanda de cuidados asociada al envejecimiento y la dependencia.

Hablar de cuidados no significa pensar únicamente en las personas mayores. Una sociedad del cuidado reconoce que niñas y niños, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas y quienes atraviesan situaciones de dependencia temporal o permanente también requieren apoyos adecuados. El cuidado es una función social esencial para el bienestar, la cohesión social y el desarrollo sostenible.

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Frente a este escenario, la creación de un Sistema Nacional de Cuidados se vuelve una necesidad impostergable para garantizar derechos y reducir desigualdades. Un sistema de cuidados permitirá reconocer, redistribuir y reducir el trabajo no remunerado; garantizar servicios accesibles y de calidad; generar empleo formal en un sector clave; y aliviar la carga que hoy asumen las familias de manera desigual. Asimismo, contribuirá a ampliar la participación de las mujeres en el mercado laboral y a evitar que las personas queden desprotegidas por falta de redes familiares de apoyo.

Paraguay no parte de cero. Países de la región, entre ellos Uruguay, implementó en 2015 su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, con resultados positivos en términos de inclusión social, equidad de género y corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, la comunidad y las familias (Balsa et al., 2025). Adaptar estas experiencias a la realidad local es no solo posible, sino necesario.

La baja fecundidad y el envejecimiento poblacional no deben ser vistos como amenazas, sino como una oportunidad para reorganizar prioridades y fortalecer el contrato social. Reconocer el cuidado como un derecho que la política pública debe garantizar —y no solo como una responsabilidad individual— es un paso clave hacia una sociedad más justa, solidaria y sostenible. El desafío es pasar de soluciones parciales y el sacrificio silencioso de las mujeres hacia la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados que asegure una vida digna para todas las personas.