La decisión parlamentaria fue adoptada por una estrecha mayoría, debido principalmente a las presiones de los agricultores que se han venido manifestando desde hace tiempo en contra de este Acuerdo. Una de las razones que arguyen los agricultores es que, bajo el Acuerdo, los países sudamericanos competirán de manera desleal con la producción agrícola europea, dado que tienen menores exigencias y costos de producción.
En realidad, nuestros agricultores tienen mucho más predicamento para protestar por deslealtad ante la Unión Europea, principalmente por el significado y alcance de los subsidios que paga a sus agricultores en virtud de la PAC (Política Agrícola Común).
En virtud de la PAC, en el período 2021-2027 se asignaron para los subsidios 387.000 millones de euros, unos 460,5 mil millones de dólares al cambio actual. Pero los agricultores saldrán en estos días a protestar pidiendo que el monto se incremente aún más.
La PAC fue creada en 1962 con el fin de apoyar a los agricultores a mejorar su productividad agrícola y por tanto su competitividad. En realidad, sucedió lo contrario y hoy los productos agrícolas europeos, salvo excepciones, no podrían competir sin esos subsidios. Además, la UE con esta medida distorsiona el mercado e impide el desarrollo legítimo de la agricultura en el mundo en desarrollo. Peor aún, los excedentes de la producción europea se exportan a precios artificialmente bajos a los mercados internacionales, hundiendo las economías de los países más pobres.
Según datos de la oficina de estadísticas de la UE, Eurostat, en 2020, había 9,1 millones de explotaciones agrícolas en la UE, que daban trabajo a 17 millones de personas, es decir menos de 4% de la población. De estas explotaciones agrícolas, aproximadamente dos tercios (63,8%) eran explotaciones pequeñas que tenían un tamaño inferior a 5 hectáreas. En cambio, 299.000 explotaciones (3,3 % del total de la UE) eran las explotaciones mayores, responsables de la mayor parte (56,4 %) de la producción económica agrícola total de la UE. El resultado es que el 70% de los subsidios se reparte entre el 20% de los productores agrícolas.
Además, una pequeña proporción de terratenientes controla una gran parte de las tierras agrícolas. Según un informe, el 3% de las explotaciones agrícolas controla el 50% de las tierras de cultivo de la UE, mientras que el 80% de las explotaciones controla solo el 14,5% de las tierras de labor.
¿Y quiénes son esos terratenientes que reciben tanta ayuda europea? Según un análisis de una ONG hecha hace algunos años, entre los beneficiarios más destacados incluían a la familia real británica, a la duquesa de Alba de España, al príncipe Joaquín de Dinamarca y otros aristócratas, además de empresas multinacionales como Nestlé y Tate & Lyle, que están en manos de millonarios.
Frente a esta situación, ya conocida en el mundo de la diplomacia comercial, los países que no utilizan subsidios agrícolas se alzaron desde el principio de la Ronda Uruguay, creando en 1986 el Grupo de Cairns, con el propósito de lograr reformar el comercio agrícola en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), hasta ahora con muchas promesas y pocos resultados. El Paraguay es miembro de este Grupo.
Es que los subsidios cuando se establecen son muy difíciles de suprimir, sobre todo ante la influencia de los poderosos, que terminan siendo sus principales beneficiarios, aun cuando quienes salen a dar la cara son esos pocos que reciben la porción menor de la torta.
Por eso resulta tan triste ver a los esforzados agricultores europeos denostar contra el Acuerdo que firmaron sus autoridades con las del Mercosur, denunciando un supuesto comercio desleal, cuando la realidad es bien distinta.
(*) Fue viceministro de Relaciones Económicas e Integración y Embajador ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, ante la Unión Europea en Bruselas y ante los Estados Unidos en Washington D.C.
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