Sin sorpresas aparecen tres fiscales que ponen patas para arriba la cuestión del metrobús, de triste memoria. En marzo de 2016, el ministro de Obras Públicas de Horacio Cartes, Ramón Jiménez Gaona, firmó el contrato con la empresa portuguesa Mota-Engil para la construcción de los tramos 2 y 3, unos 12 kilómetros, en la ruta Mariscal Estigarribia. Esta noticia tuvo una primera reacción: fue de agrado general. Sería parte de la soñada solución al desastroso transporte público.
El optimismo se dio no obstante las muchas denuncias que los técnicos venían haciendo. Entre ellas, el uso del gasoíl en vez de la energía eléctrica. Luego vinieron las protestas de los frentistas por la lentitud de los trabajos que le hacían perder mucho dinero al verse obligados a cerrar sus negocios. También los usuarios de la ruta por los desvíos en mal estado y con escasas señalizaciones. Pero todavía se vislumbraba alguna esperanza de pasar de los ómnibus chatarras a los modernos coches. Además, en el viaje se emplearía mucho menor tiempo que lo habitual. Se pensó que terminaría el sacrificio cotidiano de los pasajeros que pasan horas en las paradas como efecto de las “reguladas” de las que se valen los empresarios para ganar más dinero.
El sueño se acabó cuando comenzaron a aparecer algunas de las irregularidades: denuncia insistente y documentada de corrupción; la empresa portuguesa no tenía maquinaria propia sino prestadas; ya cobró un montón de dinero y no se veían en las obras; las municipalidades de San Lorenzo, Fernando de la Mora y Asunción no habían autorizado aún la construcción del costoso emprendimiento; con cada lluvia, los frentistas quedaban más aislados todavía de lo que ya estaban. Estos y otros hechos hacían fácil predecir que la obra estrella del cartismo iba al fracaso irremediable.
En agosto de 2018, a días del cambio de gobierno, Mota-Engil comunicó a las nuevas autoridades la suspensión de las obras. Alegó la falta de liberación de la franja. Sin este requisito, los propietarios de terrenos afectados podrían exigir, vía judicial, elevadas indemnizaciones a la empresa.
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Se fue el gobierno de Cartes dejando los enredos económicos y jurídicos. Los frentistas y automovilistas reclamaban con indignación que las pruebas de la frustración fuesen desmanteladas. Ya no tenían por qué permanecer los proyectos de estaciones, las enormes zanjas, el impedimento de transitar por la ruta afectada, etc. Ya se echó a perder mucho dinero y de algún modo había que evitar que el proyecto del metrobús siga causando daños, ya entonces irreparables.
Con la demolición de los obstáculos, de algún modo, volvió la normalidad en la amplia zona afectada. Los comerciantes reabrieron sus negocios devastados. Otros no pudieron hacerlo porque lo perdieron todo, algunos incluso la vida. Entonces vino lo inevitable: exigir una respuesta a quienes fueron los responsables del desastre. Habló el exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona. Dijo: “Acá hay culpas compartidas de quienes han diseñado el proyecto, los frentistas y los que administramos al proyecto”. No le culpó al nuevo ministro de Obras, Arnoldo Wiens, que hacía dos meses estaba en el cargo.
Que el mismo Jiménez Gaona comparta la culpa del fracaso debería bastar a los fiscales para mantenerlo procesado y no pedir su desvinculación, menos aún responsabilizar a Wiens de la incapacidad y la corrupción cometidas en otra administración.
¿Qué dirán los fiscales de la confesión de Jiménez Gaona? Seguramente que se le interpretó mal, que la prensa tergiversó sus palabras, que se quitó de contexto. Ya encontraran qué decir para congraciarse con el patrón.
En fin, que el juez Osmar Legal rechazó la pretensión de los fiscales por disparatada.
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