Cuenta ABC que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, dijo, en el discurso que pronunció aquí en Asunción el pasado día 11 de marzo, que: “El acceso a la información es una prioridad compartida y junto con el diálogo continuo para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas son actos muy valiosos”, destacando “el rol de la sociedad civil en proyectos de impacto social y de interés público… el relacionamiento con la sociedad civil debe basarse en la confianza, en la colaboración, la rendición de cuentas y el diálogo continuo… el acceso a la información es una prioridad compartida, especialmente para las organizaciones que realizan labores de monitoreo y supervisión… la sociedad civil también debe ser un aliado en la implementación, aportando ideas, iniciativas y proyectos que puedan convertirse en asistencia técnica u operaciones trascendentales para las políticas públicas”.
Alguien desprevenido podría ser, pues, conducido a creer que el BID trabaja por la transparencia y el libre acceso a la información pública, cuando que la verdad es exactamente lo contrario.
El BID establece cláusulas de confidencialidad en sus “acuerdos” en forma institucionalizada a partir de su Nueva Política de Acceso a la Información (PAI), que entró en vigor el 1 de septiembre de 2025, las que niegan la transparencia y el libre acceso a la información pública cuando él, el BID, estime que debe proteger intereses comerciales y financieros; que debe salvaguardar información sensible de terceros, especialmente en operaciones con el sector privado a través de BID Invest; que debe prevenir riesgos de fraude o ventajas competitivas indebidas en procesos de adquisiciones y licitaciones; que debe preservar los privilegios e inmunidades del Banco y sus empleados según su Convenio Constitutivo y el derecho internacional; que debe evitar interferencias en procesos deliberativos internos o negociaciones políticas sensibles con los países miembros y que debe garantizar la privacidad de los individuos involucrados en sus proyectos y evitar el uso indebido de datos personales.
La norma citada del BID es calcada, letra por letra, del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, Reglamento UE 2016/679) y de la Directiva UE 2016/943 de la dictadura autodenominada “Unión Europea”.
Ilan Goldfajn remarcó, en las frases que ABC transcribe de su discurso, que las organizaciones no gubernamentales (ong), a las que el BID denomina eufemísticamente “sociedad civil” desde el “Informe Anual 1995”, deben tener un trato preferencial a este respecto.
En síntesis, la República, la cosa pública, los asuntos del pueblo, son reemplazados por la élite agavillada en las ong, para usar nuestro dinero con entera discrecionalidad y protegida por sus retorcidos argumentos de justificación de la oscuridad.
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