No contento con minimizar un grave hecho ocurrido en el local de la madre –la amputación de la mano de un joven trabajador de su empresa–, Gamarra fue más allá: exigió públicamente al senador Derlis Maidana, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que “mire atentamente” el actuar de aquellos fiscales que, según él, “instrumentan la Justicia para torcer voluntades o mancillar el nombre de alguna persona para perjudicar a su candidato”.
“Te pido, mi querido senador Derlis Maidana, que desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados mires atentamente...”, dijo sin rubor. Y remató: “Nosotros vamos a estar atentos. No vamos a permitir que le dañen a Hugui”. Lo que antes se manejaba en las sombras, con llamadas telefónicas, presiones ocultas, favores entre bambalinas, hoy se exhibe a plena luz del día, en un mitin político, con cámaras y micrófonos encendidos. La injerencia política sobre la Justicia ya no se esconde: ¡se celebra!
Las palabras del diputado Gamarra no conllevan una crítica legítima al trabajo de la fiscalía, derecho que asiste a cualquier ciudadano. Es una amenaza explícita de un parlamentario que ostenta poder para influir en el destino de magistrados y fiscales. Es un claro caso de tráfico de influencias.
En cualquier democracia seria, este tipo de intromisión grosera de un poder sobre otro constituiría causal inmediata de proceso de pérdida de investidura. Porque la Constitución Nacional es clara: el Gobierno se ejerce por los tres poderes en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control (Artículo 3). Ninguno puede arrogarse facultades que no le corresponden.
El Artículo 248 garantiza expresamente la independencia del Poder Judicial: solo él puede conocer y decidir en asuntos contenciosos. Los miembros de otros poderes no pueden intervenir de ningún modo en los juicios.
Cuando un diputado presiona públicamente a un miembro del JEM para que “vigile” a una fiscala que cumple con su deber, se viola ese principio fundamental. Se convierte la justicia en un arma política selectiva: blindaje para los amigos y garrote para los incómodos. Y el JEM, que debería ser el órgano constitucional encargado de garantizar el correcto actuar de jueces y fiscales mediante un control imparcial y riguroso, se degrada nuevamente a un instrumento de persecución o protección a medida.
¿Cuál es el verdadero rol del JEM? Controlar que los operadores de justicia actúen con idoneidad, ética y apego a la ley. Pero si solo sirve para archivar denuncias graves cuando benefician a los poderosos, para perseguir a fiscales o jueces que incomodan al poder de turno, o para favorecer a allegados, entonces no tiene razón de ser.
Se transforma en una espada de doble filo que mutila la independencia judicial en lugar de fortalecerla. Un órgano que, en manos de políticos sin escrúpulos, permite el “blindaje” de unos y las “imputaciones a pedido” de otros. En resumen: un garrote conveniente para el cartismo y sus aliados.
No es la primera vez que Derlis Maidana aparece en este tipo de maniobras. Como miembro del JEM, ha sido señalado en reiteradas ocasiones por utilizar su posición para favorecer a amigos o archivar causas relevantes, mientras se endurece contra opositores o quienes no se alinean con el discurso dominante. Su presencia junto con Gamarra en este acto no es casual: refuerza la percepción de que el JEM sigue operando como un brazo ejecutor de intereses políticos, más que como guardián de la institucionalidad.
Tampoco se puede olvidar el oscuro legado de Óscar González Daher (OGD), quien convirtió el JEM en su feudo personal durante años. González Daher manipuló ese órgano extrapoder como un garrote para someter a jueces y fiscales díscolos, archivar denuncias contra sus protegidos y avanzar en causas selectivas. El daño que le infligió a la Justicia paraguaya fue brutal: una institución herida, desacreditada, percibida por la ciudadanía como un botín político más que como un pilar de la democracia.
Condenado luego González Daher por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y otros delitos, su “sistema perverso” –como lo definió incluso un ministro de la Corte– dejó cicatrices profundas. Hoy, con micrófono y en vivo, vemos ecos de ese mismo manual: las formas cambiaron (ya no son solo llamadas ocultas), pero el fondo sigue intacto. El poder político sigue intentando domesticar a la Justicia.
El silencio del fiscal general del Estado y de los gremios de fiscales ante esta agresión pública es ensordecedor y cómplice. No pueden permanecer callados mientras un diputado intenta convertir el Ministerio Público en un instrumento al servicio de una candidatura. La independencia de la fiscalía no es un capricho: es la única barrera que protege al ciudadano común frente al abuso de los poderosos. Si los fiscales no reaccionan con firmeza, estarán avalando que cualquier investigación incómoda para la coyuntura política pueda ser frenada con una simple amenaza desde el Congreso.
En un país que aspira a ser serio, esto no debería quedar en críticas o declaraciones aisladas. Debería activarse de inmediato un proceso de pérdida de investidura contra Rodrigo Gamarra por uso indebido de influencias y violación a la separación de poderes. Debería investigarse si estas declaraciones configuran obstrucción a la justicia o tráfico de influencias. Y el JEM, en lugar de “mirar atentamente” a la fiscala que investiga, debería mirarse a sí mismo: ¿cumple su rol constitucional o sigue siendo el mismo garrote de siempre?
Basta de hipocresía institucional. Mientras el poder político siga amenazando con micrófono a quienes cumplen su deber, la Justicia paraguaya seguirá siendo rehén, la democracia un simulacro y la ciudadanía la gran víctima. O se recupera una Justicia independiente, imparcial y valiente, o seguiremos condenados a repetir la historia de siempre: impunidad para los de arriba y garrote para los que se atreven a investigar.
La amenaza de Gamarra no fue solo contra una fiscala. Fue contra el pueblo paraguayo que aún cree que la ley debe ser igual para todos. Fue contra todo el Ministerio Público que pretenda imputar a los protegidos de los políticos, fue contra la Justicia paraguaya, el último bastión de esperanza. La podredumbre ya no se esconde: se jacta en los actos políticos. Y eso, simplemente, es inaceptable.