¿Hasta cuándo?

Ya a nadie sorprende el apego del cartismo por sus delincuentes, o sospechados de serlo. Se repite el caso con Hernán Rivas. Sigue el ejemplo de Erico Galeano de pedir permiso como senador para evitar la renuncia o la expulsión.

En el caso de ambos cabe la expulsión, de lo contrario, otra mancha ensuciará a una institución, pilar de la democracia. Un pilar que se tambalea en manos de quienes deberían fortalecerlo. En esta destrucción colaboran el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Poder Ejecutivo, la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Ante tantos enemigos no se puede esperar un futuro mejor para el país.

Frente a los interminables escándalos, se levanta el silencio de las instituciones que deberían intervenir sin fijarse en el color partidario de los autores, ni al movimiento al que pertenecen. Si todos somos iguales ante la ley por qué tanta discriminación. ¿Cuánto hace que duerme en Diputados el pedido, por ejemplo, de intervención de las comunas cartistas cuyos titulares son denunciados por corrupción? Las respectivas Juntas Municipales presentaron en abundancia documentos probatorios. Y nada.

El Fiscal General del Estado posiblemente sea el funcionario más feliz de todos. No ve, no escucha, no siente nada que pudiera ocasionarle problema político. Se encierra en su despacho. De vez en vez, para disimular, hace mover algún expediente. Ahora mismo tiene la denuncia de la fiscal Patricia Sánchez sobre la amenaza que recibió de Hernán Rivas. Es porque la fiscal había anunciado que iba a recurrir a la Corte –como lo hizo- por el sobreseimiento definitivo que un Tribunal resolvió a favor de Rivas.

La fiscal Sánchez dijo: “Tenemos elementos probatorios que nos parecen suficientes como para acreditar que él (Hernán Rivas) declaró falsamente ser abogado”

La sentencia del Tribunal recibió la crítica unánime de los profesionales del derecho que demostraron la actuación ilegal de dos de sus miembros: Bibiana Benítez y Delio Vera Navarro. Estos fueron denunciados por los abogados Martín Barba y Rodrigo Cuevas por presuntos hechos de prevaricato y tráfico de influencias. El fiscal Luís Piñánes, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, investiga la denuncia.

Santiago Peña, a una consulta de la prensa, declaró: “Yo no tengo nada que opinar. El senador Hernán Rivas es un senador electo de la nación, nosotros tenemos que dejar que la justicia haga su trabajo”. De esto se trata, que los poderosos dejen de influir en los jueces y que los jueces dejen de ser influenciados. Peña agregó el viernes que las críticas “son el precio que el Partido Colorado paga por ser grande”. ¿Y qué se critica? La corrupción, no el tamaño del coloradismo.

El Partido Colorado tampoco está libre de este escándalo. ¿Qué hace su tribunal ético? ¿No le importa que un afiliado como Rivas –en el supuesto de que se haya afiliado y su afiliación sea auténtica- ensucie la cara del Partido, ya bastante manchada?

Todo hace presagiar que Rivas obtendrá el permiso. No solo se salvará de ser expulsado, también de inventar pretextos –como tantas veces lo hizo- de presentar a excompañeros de estudio y exprofesores.

Cuesta entender la defensa apasionada del oficialismo. ¿Qué significa Rivas para el cartismo? ¿Cuál es su aporte intelectual y moral? ¿Está en boca de todos como un farsante y cínico y el cartismo le abraza en vez de abrasarlo?.

Estamos frente a un hecho de vergüenza nacional que ya cansa, que ya debería concluir y no seguir ocupando el tiempo del oficialismo y la oposición. Hay que ponerle punto final de la única manera decente: en vez de permiso, la expulsión. Y luego dejar a la justicia, como dice Peña, que haga su trabajo, pero libre de amenazas.

Finalmente ¿hasta cuándo esta pésima telenovela?

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