Dilaciones y dolor de una familia

Lo ocurrido en el proceso por el asesinato de María Fernanda Benítez ya no solo genera preocupación, sino una profunda indignación social. Resulta repugnante que un juicio oral y público, esperado por toda una comunidad, termine siendo suspendido por el supuesto estado de estrés de una de las defensas, una situación que, más allá de lo humano y de lo legal, no puede estar por encima del derecho de una familia a obtener justicia en tiempo razonable.

El caso, que sacudió a Coronel Oviedo y al país entero, vuelve a quedar atrapado en un esquema donde los tecnicismos y las dilaciones parecen pesar más que la gravedad del crimen. No es un expediente más: es la historia de una joven asesinada, de una familia destruida y de una sociedad que observa con creciente frustración cómo la justicia avanza con una lentitud desesperante.

La postergación del juicio oral y público no solo retrasa un proceso, sino que profundiza el dolor de quienes esperan respuestas. Cada suspensión es una herida que se reabre. Cada nueva fecha es un recordatorio de que el sistema no está a la altura de la urgencia que exige un caso de esta magnitud.

A esto se suma otro elemento igual de grave: el reclamo firme de la familia para que el padre del principal sospechoso no sea tratado como un actor secundario, sino que sea procesado y condenado por homicidio, atendiendo a las sospechas de su presunta participación en el crimen y en el traslado del cuerpo. Para los allegados de la víctima, las imputaciones actuales resultan insuficientes y desproporcionadas frente a lo ocurrido.

Aquí no solo está en juego una condena, sino la coherencia del sistema penal. Si las figuras aplicadas no reflejan la realidad de los hechos, el mensaje que se envía es devastador: que incluso en casos extremos puede haber espacios para la tibieza o la duda.

La familia de María Fernanda Benítez no pide privilegios, pide algo básico: que la justicia actúe con firmeza, celeridad y sentido común. Que todos los responsables sean juzgados conforme a la gravedad de sus actos. Que el proceso no se diluya en excusas que, a estas alturas, resultan inaceptables.

Porque cuando un juicio se suspende por razones que la ciudadanía percibe como evitables, lo que se erosiona no es solo un calendario judicial, sino la confianza en la justicia. Y cuando esa confianza se pierde, el daño es mucho más profundo que cualquier expediente.

Hoy, el caso de María Fernanda Benítez exige decisiones firmes. No más dilaciones. No más señales de debilidad. La justicia tiene la oportunidad y la obligación de demostrar que está a la altura. De lo contrario, el dolor de una familia seguirá creciendo, acompañado de una sensación cada vez más peligrosa: que la justicia llega tarde o simplemente no llega.

victor.barrera@abc.com.py