Estamos ante el cierre gradual de la ventana de oportunidad del bono demográfico y el inicio de un proceso de envejecimiento. A diferencia de Europa y Estados Unidos, en América Latina este proceso está ocurriendo de manera más acelerada. En Paraguay, en los próximos 25 años el número de personas mayores se duplicará, pasando de 550.000 a más de 1.160.000, un fenómeno que debe entenderse como un triunfo de la ciencia y el desarrollo que, a la vez de posibilitar el aumento de la esperanza de vida, demanda respuestas efectivas de políticas.
Los sistemas de salud, protección social, cuidados, y específicamente el de pensiones, se sitúan en el centro del análisis para tomar las mejores decisiones que permitan que esta transición demográfica ofrezca posibilidades de seguir creciendo, expandiendo los servicios públicos y garantizando calidad de vida a todas las generaciones.
Actualmente, Paraguay goza de una situación demográfica óptima, ya que, por cada 100 personas económicamente activas, hay 51 personas (menores de 15 o mayores de 65 años) que dependen de ellas, lo que se expresa en un índice de dependencia del 50,7%. Esto significa que tenemos una base productiva amplia sosteniendo la estructura social. Sin embargo, este escenario empezará a invertirse hacia el 2050 a raíz del mayor peso de la población adulta mayor. De ahí la importancia de enfocar la expansión y sostenibilidad de las pensiones en la transición.
Para ello es clave que el fortalecimiento normativo, logrado a través de consensos, pueda corregir las asimetrías existentes y garantizar una gobernanza que proteja los ahorros de las y los trabajadores a largo plazo, conformando el cimiento que transforme dicho ahorro en motor de inversión productiva. Por otra parte, la construcción de un sistema social robusto requiere de políticas públicas que mejoren la productividad. Y para ello Paraguay cuenta con un triple “bono”: el “bono demográfico”, por el plus de población en edades productivas y el descenso de los grupos de población menores de 15 años de edad económicamente dependientes, lo cual genera oportunidades de desarrollo económico y social.Por otro lado, el “bono educativo”, la oportunidad que surge cuando disminuye la cantidad de niños y adolescentes en edad escolar y esos recursos pueden redirigirse para invertir más y mejor en la educación de cada niño y para darle un impulso a la educación universitaria y superior. Y finalmente,el “bono femenino”, es decir la cantidad de mujeres, sobre todo jóvenes y de bajos ingresos, que se encuentran hoy fuera del mercado laboral y que podrían participar del mismo mediante un sistema nacional de cuidados que libere el trabajo no remunerado que realizan o que profesionalice estas tareas.
La hoja de ruta requiere poner en valor el capital humano que hoy está disponible, accionando a tiempo para evitar que las desventajas se acumulen y se traduzcan en pobreza en la segunda mitad de la vida de las personas. Prepararse para un envejecimiento activo, saludable y digno exige una mayor inversión pública hoy en salud, cuidados y protección, así como mejorar y fortalecer el sistema de pensiones.
Los cambios en la población son una realidad que demanda respuestas basadas en políticas públicas que pongan en el centro a las personas, su dignidad y sus necesidades, a fin de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que garantice derechos.