Uno de los casos más visibles es el de Carapeguá, donde la gestión de Luciano Cañete (ANR) fue rechazada por la Junta Municipal debido a irregularidades y al incumplimiento de transferencias a la Escuela Municipal de Música, a la que se adeudan más de G. 80 millones. Pese a ello, maniobras políticas evitaron que el rechazo avance definitivamente, mientras el oficialismo impulsa ahora la candidatura de su hija, la concejal departamental Luz Cañete, para que le sucede en la Intendencia.
En Paraguarí, el intendente Marcelo Simbrón (ANR-HC) tampoco tiene aprobada su rendición de cuentas y aun así busca la reelección, pese a contar con una condena por lesión de confianza. Existen otros municipios donde el rechazo se da por cuestiones políticas antes que por dar cumplimiento a la ley. El caso de Escobar, la intendenta María Cristina Espínola (ANR-HC), quien aspira ser reelecta al cargo, su rendición de cuenta no fue aceptada en la Junta Municipal, porque pidieron que ya presente con todas las documentaciones, un procedimiento irregular del órgano legislativo, que terminó rechazando y comunicando a la Contraloría General de la República (CGR).
Otro de los intendentes cuya gestión fue rechazada por mayoría es de San Roque González, Emmanuel Morán (Alianza), quien también busca el rekutu y tiene su ejecución presupuestaria rechazada por supuestas irregularidades detectadas. María Cristina Servín (ANR) de Ybycuí también busca su reelección y se enfrenta a una Junta Municipal que rechazó su rendición de cuentas. Los ediles aseguran que existen irregularidades en algunas inversiones realizadas en reparación de caminos vecinales, compra de equipos viales..., por lo que aplazaron su gestión.
La ciudadanía no puede normalizar a autoridades con cuentas rechazadas, con observaciones o procesos judiciales haciendo campaña política sin rendir explicaciones. La reelección debe ser consecuencia de una gestión transparente y eficiente, no un refugio para la impunidad. Hoy más que nunca, la ciudadanía debe mirar más allá de los discursos y exigir hechos concretos y cuentas transparentes antes de volver a depositar su confianza en las urnas.
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