Sostuvo además el presidente que al amparo de la Constitución de 1992 nuestro país vivió por primera vez “una verdadera democracia”. Y tiene razón. Nunca antes de 1989 tuvimos democracia. Desde nuestra independencia vivimos una sucesión de tiranías y anarquías con escasos pasajes de estabilidad.
Las primeras elecciones con dos candidatos se realizaron en 1928, y las siguientes, en 1963. La primera transición gubernamental pacífica de un signo político a otro ocurrió en 2008. Antes, 1998, el presidente Juan Carlos Wasmosy se convirtió en el primer civil colorado en terminar su mandato. “Magínese”, diría el propio Wasmosy, de quien tengo buenos recuerdos pese a nuestras diferencias.
La Constituyente para la Constitución de 1992 fue el inicio de lo que se pensó sería una era institucional inédita. También fue uno de los últimos ejercicios electorales en que los partidos políticos y otras organizaciones pusieron su mejor gente al servicio de la nueva era. Luego, los partidos prescindieron de los mejores para postular a los compinches.
Esto, en el entendimiento de los señores políticos del coloradismo que quedó en pie, de que la transición podía traer libertades, pero no debía acabar con la vieja práctica de que la política constituyera el mejor negocio para volverse rico de la manera más impune a costillas del Estado.
Así, la corrupción convive con las libertades. La Constitución del 92 blindó la libertad de prensa y la de expresión, dos pilares gracias a los cuales nuestra democracia no ha vuelto definitivamente atrás.
Esta misma Constitución estuvo a punto de ser arteramente violada en marzo de 2017, cuando el entonces presidente de la República, Horacio Cartes, luego de proclamar urbi et orbi que no buscaría la reelección porque eso era inconstitucional, enloqueció de lujuria de poder y exigió que se viabilizara la reelección vía enmienda constitucional, cuando la Constitución exige una reforma para el efecto.
Aquello ocasionó la virulencia popular y un crimen: la policía cartista atracó la sede liberal y asesinó a Rodrigo Quintana en la madrugada del 1 de abril.
La Fiscalía borró rastros que podrían haber llevado hasta los culpables morales. Hoy solo paga por el crimen el policía de los disparos.
La coincidencia innegociable con el poder sería que la Constitución no debe ser violada tal como lo intentaron los cartistas. Mientras tanto, la impunidad para corruptos y criminales marca una diferencia moral insalvable.
La Albirroja nos une, pero la corrupción nos separa, aun cuando los números económicos sean favorables. A veces, la macroeconomía sirve más para ocultar la basura bajo la alfombra en tanto la microeconomía raspa la olla de la desigualdad.
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