Los casos que involucran a funcionarios del Instituto de Previsión Social, del Ministerio de Salud y de la Corte Suprema de Justicia revelan una realidad alarmante: personas sin formación legítima ocupan funciones para las cuales carecen de preparación. No se trata únicamente de falsedad documental, sino de una estafa contra la sociedad.
Falsos médicos, enfermeros, contadores, ingenieros y abogados han llegado a puestos relevantes de la administración pública exhibiendo un cartón comprado o adulterado, sin haber cursado una carrera ni cumplidas las exigencias académicas. Estos impostores prosperan gracias a la impunidad, la falta de controles, el amiguismo, la obediencia política y el clientelismo, que muchas veces prevalecen sobre el mérito y la idoneidad.
No desean servir al Estado, sino servirse de él. Compran un diploma para apropiarse de cargos, salarios y privilegios que deberían corresponder a personas verdaderamente capacitadas.
José Ingenieros –El hombre mediocre– sostenía que vivir es aprender para ignorar menos y elevarse hacia ideales superiores. Un título legítimo representa años de estudio, disciplina, sacrificio y formación. Quien lo falsifica no engaña solamente a una institución: se burla del esfuerzo de miles de profesionales honestos, de todos aquellos que construyeron su profesión con esfuerzo y del valor mismo del conocimiento.
La impostura académica es también una expresión de mediocridad. El impostor no crea, no investiga ni se distingue por sus méritos; pretende confundirse con quienes sí lo hicieron. El problema se agrava cuando la sociedad comienza a tolerarlo y termina normalizándolo, hasta convertir lo que antes provocaba vergüenza en una práctica aparentemente común.
Cuando un título falso deja de causar escándalo, cuando el funcionario descubierto permanece en su puesto gracias a protección política, la corrupción deja de ser una excepción y pasa a formar parte del funcionamiento ordinario del Estado transmitiendo el mensaje de que estudiar, sacrificarse y respetar la ley es menos rentable que mentir.
Un falso profesional desplaza a quien se preparó honestamente y pone en riesgo la salud, la seguridad, el patrimonio y los derechos de los ciudadanos. En determinadas funciones, la ignorancia y la improvisación pueden destruir vidas e incluso provocar muertes. Es que quien compra un diploma no adquiere conocimientos, ética ni capacidad. El cartón falso no oculta la ignorancia: apenas la encuadra.
La responsabilidad tampoco termina en quien presenta el documento. Deben investigarse las redes que fabrican, comercializan, certifican o registran títulos fraudulentos, así como a los funcionarios que, por complicidad, negligencia o conveniencia política, permiten que esos documentos superen los controles administrativos.
La respuesta estatal no puede limitarse a una investigación penal. Quien obtuvo un cargo mediante el engaño debe ser separado de la función pública e inhabilitarse para volver a ocupar cargos estatales. También corresponde analizar la devolución de las remuneraciones percibidas cuando el acceso al puesto dependió de una acreditación falsa. Al mismo tiempo, deben fortalecerse los controles. Ningún nombramiento, promoción o recategorización debería realizarse sin verificar directamente los antecedentes académicos ante las universidades y los registros oficiales correspondientes.
La administración pública no puede convertirse en refugio de impostores. Un país que tolera profesionales de mentira deteriora sus instituciones, castiga a quienes se prepararon honestamente y erosiona la confianza pública.
Defender la autenticidad de los títulos no significa proteger un simple papel. Significa defender el mérito, el conocimiento, la idoneidad y la dignidad del servicio público. El título colocado en una pared debe ser reflejo de conocimientos verdaderamente adquiridos, no el disfraz de una ignorancia comprada.
Defender la verdad académica es proteger la seguridad de los ciudadanos y el futuro del país. Porque una sociedad que se acostumbra a convivir con la mentira termina perdiendo la capacidad de reconocer la verdad.
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