Mayor Otaño, Itapúa, es una localidad con gran cantidad de habitantes portadores de cédula argentina, ya que muchas ciudadanas paraguayas, en su embarazo, viajaron al país vecino para parir en condiciones adecuadas, debido a la carencia local de un sistema de salud eficiente. En ese sentido, este pueblo no solo sufre dificultades en los hospitales, sino que la corrupción y peleas de bandos políticos afectan a la gente desde hace años.

Para sintetizar el ciclo de corrupción y acusaciones entre colores políticos, hace falta indagar en el pasado: en 2009, cuando la actual concejala por el PLRA, Lourdes López de Lovera, era intendenta de esta ciudad, denunciaba persecución política de parte de la entonces edil Carmen Román, quien la acusó de malversar unos G. 2.000 millones. Un año después, Román ganó el puesto de intendenta para el período 2010-2015.

En el 2017, dos años después de que el cartista Pedro Chávez asumiera la intendencia del período actual, el jefe municipal culpa a Carmen por una mala administración anterior. Ahora, Chávez también acusa a la concejal Lovera de manipular las manifestaciones estudiantiles en su contra, las que nos traen al punto actual de tensión en Otaño.

La intendencia de Chávez comenzó a pintarse de negro cuando Lovera denunció una sobrefacturación de aproximadamente G. 44 millones en la compra de un vehículo. La empresa Ñumi, que tiene contratos con la municipalidad por alrededor de G. 160 millones, está a cargo del hermano del intendente; además, datos obtenidos en la Fiscalización Especial Inmediata del 2017 señalan irregularidades en gastos de combustibles y lubricantes por más de G. 500 millones, entre otros puntos.

Hasta ahora, la esperanza de ver mejoras en Mayor Otaño no se presenta, por más que administraciones con distintos tintes políticos estuvieron en el poder. No obstante, nadie contaba con las voces juveniles exigiendo transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Con un grupo de compañeros, Nelson Maciel inició una serie de manifestaciones que amenazan la tranquilidad con la que la corrupción se pasea por esta municipalidad. Querellas, amenazas y golpes se presentaron contra los jóvenes, durante estos meses de protestas.

Los jóvenes, que comenzaron pidiendo transparencia en el uso del Fonacide, lograron que la Contraloría General de la República tome cartas en el asunto. Sin embargo, la lucha continúa porque estos chicos esperan que el caso no sea "cajoneado" y que Chávez no se salve de ser imputado.

Las acusaciones del intendente, al decir que los chicos son manipulados, pierden sentido al ver varios colorados apoyando la investigación de los hechos de corrupción. Ahora que la tensión en la localidad crece y los acusados de hechos corruptos, Lovera y Chávez, se preparan para las elecciones 2020, solo la esperanza de la lucha iniciada por jóvenes parece ser la respuesta a la impunidad reinante en Mayor Otaño.

Por Eliseo Báez (17 años)