Fiscal niega que se “apañe” a indígenas que retuvieron a policías en Corpus Christi

El fiscal Meiji Udagawa negó afirmaciones hechas por un abogado, quien dijo que la comunidad indígena cuyos miembros retuvieron contra su voluntad a tres policías la semana pasada tengan el “apañamiento” de la Fiscalía.

Los tres agentes policiales retenidos por miembros de la comunidad indígena Y'apo 4, el pasado 7 de febrero.
Los tres agentes policiales retenidos por miembros de la comunidad indígena Y'apo 4, el pasado 7 de febrero.Gentileza

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En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el fiscal Meiji Udagawa habló del caso de la retención de tres policías por parte de indígenas en el distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú, ocurrido la semana pasada, y negó que exista algún tipo de acuerdo entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y organizaciones no gubernamentales para dejar el incidente en la impunidad, como insinuó el martes el abogado Diego Troche.

El pasado 7 de febrero, tres agentes de la Policía Nacional ingresaron a la estancia Americana, ubicada en el mencionado distrito de Canindeyú, y fueron retenidos por indígenas de la comunidad Y’apo 4 que ocupan el sitio, quienes los despojaron de sus armas y los obligaron a realizar trabajos físicos.

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Los retenidos, identificados como agentes de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos, fueron liberados posteriormente ese mismo día.

El abogado Diego Troche, representante legal de los propietarios de la estancia Americana, afirmó ayer en ABC TV que los indígenas asentados en esas tierras colaboran con cultivadores de marihuana y son “apañados” por el Ministerio Público.

“Yo soy el primer interesado en que se les agarre”

El fiscal Udagawa negó hoy “categóricamente” que exista algún acuerdo del Ministerio Público con los nativos.

“Yo soy el primer interesado en que se les agarre y castigue a los responsables” del incidente del 7 de febrero, afirmó el fiscal, indicando que un día después de lo ocurrido emitió una orden de captura contra el cacique de la comunidad, Emigdio López Ortiz, a quien procesó por los supuestos delitos de coacción grave, asociación criminal, privación ilegítima de libertad y hurto especialmente grave.

“Yo estuve refiriendo que estos indígenas trabajan en contubernio con gente que se dedica al narcotráfico, que extorsionan a productores”, agregó.

Indicó que la presunción de los investigadores es que los indígenas de esa zona son “financiados” por personas que se dedican al cultivo de marihuana “para que les sirvan de protección”, dándoles cobertura ante incursiones de las fuerzas públicas.

Difícil “operativizar” procedimientos contra indígenas

El fiscal Udagawa dijo que para el Ministerio Público es difícil “operativizar” órdenes de captura o de desalojo de indígenas porque “no hay fuerza pública que quiera realizar ese trabajo”, afirmando que “los hermanos indígenas tienen sus leyes especiales; lo primero que hacen es ponerte enfrente mujeres y niños”, lo que supone “un riesgo de que se salga de control” la situación y que los agentes policiales encargados de los operativos sean sumariados, trasladados o “que las ONG internacionales se les vayan encima.

El agente del Ministerio Público también cuestionó al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) por no “expedirse de manera clara” cuando la Fiscalía solicita su asistencia en casos de supuestas invasiones de tierras.

“(El Indi) no se expide de manera clara y contundente sobre si esa comunidad debería o no estar en ese inmueble. Ellos se asientan y dicen: ‘Estas son nuestras tierras ancestrales’, invaden cualquier propiedad privada bajo ese pretexto”, relató. “Uno solicita informe al Indi para ver si ese lugar está destinado o no a esa comunidad y el informe siempre es ambiguo”, manifestó.

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