El hecho investigado por el Ministerio Público es el supuesto hecho de incumplimiento del deber legal alimentario. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado de Garantías N° 7, a cargo de la magistrada María de Fátima Burró.

Según antecedentes, inicialmente el Juzgado de la Niñez y Adolescencia había resuelto que la sindicada pague un monto mensual de G. 350.000, a favor de sus dos hijas menores que viven con el padre.

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Dicho monto debía depositarlo en una cuenta judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento (BNF) a favor del papá de las víctimas, según refiere la sentencia definitiva número 258, de fecha 13 de junio de 2018.

Sin embargo, la encausada realizó los depósitos de manera totalmente irregular desde el 2018 hasta febrero del 2023, arrojando un faltante de G. 16.250.000 conforme refiere el acta de acusación.

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Por lo tanto, al considerar la gravedad del hecho investigado, la representante del Ministerio Público formuló acta de imputación, en su momento. La fiscalía ahora hizo la presentación del requerimiento conclusivo y el pedido de elevación a juicio oral.