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El jueves 7 de diciembre fue detenida Silvia Raquel Franco Giménez (49) y posteriormente imputada por el fiscal Martín Morínigo, por el hecho de estafa en calidad de instigadora, pues existen sospechas de que ella integraría una gavilla que simulaba inversiones empresariales para luego, mediante suplantación de identidades, extrajera de los bancos millonarias sumas de dinero.
Este no es el único proceso contra Franco, ya que en 2016 fue imputada por lesión de confianza, apropiación y violación de deber de llevar libros de comercio. Esto luego de que Autores Paraguayos Asociados (APA) la haya contratado como contadora y le haya pagado G. 350 millones.
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La hoy procesada y con arresto domiciliario por el caso “Scam Bank”, Silvia Franco, no solo había firmado contratos con APA, sino también fue proveedora del Estado, en forma particular y como “supermepresaria”, según la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Silvia Franco figura como representante legal de las firmas “F&F Asociados SA”, “Yelit SA”, además de “Dicopal SA”, cuya oficina está situada sobre General Díaz casi 14 de Mayo, en Asunción, donde también figuran las primeras dos empresas.
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“Superempresaria” ganó ocho licitaciones
De acuerdo con los registros de la DNCP, a Silvia Raquel Franco Giménez entre 2011 y 2014 le fueron adjudicadas ocho licitaciones, por un valor de más de G. 900 millones. Dos de estas fueron por contratación directa.
Como particular brindó cursos de capacitación para Sinafocal y proveyó uniformes al Comando Logístico del Ejército; supuestamente, también llevó a cabo la construcción de empedrados para la Municipalidad de San Rafael del Paraná.
Incluso fue proveedora de almuerzo escolar para la Municipalidad de Ypejhú, durante la administración de Vilmar “Neneco” Acosta, condenado por el homicidio del corresponsal de ABC Color Pablo Medina, ocurrido el 16 de octubre de 2014.
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Tres firmas con 16 adjudicaciones
Una de las empresas de Franco es “F&F Asociados SA”, adjudicada con 11 licitaciones, de las cuales nueve fueron por contratación directa. En total recibió G. 1.220.902.684. Siete de las adjudicaciones, para los rubros de provisión de merienda escolar, construcción de empedrados y reparación de escuelas, fueron para la Municipalidad de San Rafael del Paraná.
En el caso de “Yelit SA”, la única adjudicación para la construcción de aulas, data del 2016. Para ese servicio la Municipalidad de Fuerte Olimpo, en ese entonces al administrada por Sergio Cuellas, adjudicó un monto de G. 99.780.000.
En tanto que a la firma “Dicopal SA” le fueron adjudicadas cuatro licitaciones, tres de ellas para la Municipalidad de Fuerte Olimpo, para las construcciones de aulas, un tinglado y una galería. Todas mientras Cuellar estaba al frente. Y una, fue adjudicada para la Municipalidad de San Rafael del Paraná. La empresa recibió la suma de G. 443.275.739. Así, Franco recibió en total G. 2.667.295.698.
El intendente Cuellar fue procesado por lesión de confianza por la fiscala Victoria Acuña y luego, beneficiado con sobreseimiento provisional en 2020.
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Simularon inversión para robar
En el caso “Scam Bank”, están procesados Édgar Orlando Pereira Areco; Juan Carlos Zaracho, Silvia Raquel Franco Giménez y José Carlos Duarte Franco.
Según la imputación fiscal, entre junio y julio de 2023 Silvia Franco habría servido de nexo entre Édgar Pereira y unos supuestos inversores, a quienes el primero le presentó una serie de ideas relacionadas a una planta embotelladora.
Se añade que, que el objeto era presentar el proyecto al Banco Sudameris a fin de cumplir los requisitos legales y que el ente le entregue el dinero a Pereira.
Ahí entró Juan Carlos Zaracho, quien se presentó el 30 de noviembre al banco, haciéndose pasar, por funcionario de la firma “Automotores y Maquinarias SAECA” (Automaq), y por Aparicio Cantero Maidana, utilizando una cédula con sus datos pero con una foto superpuesta.
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Ese día, Zaraacho o Aparicio, presentó una autorización apócrifa de Automaq, para transferencia de la suma de G. 945.000.000 de la cuenta de la citada empresa. El dinero fue transferido a la cuenta de Pereira, que una hora más tarde se presentó al banco para retirar en efectivo toda esa plata.
En todo momento, Pereira fue movilizado en una Kia Sportage, guiada por José Duarte y acompañado por Silvia Franco, quienes tras repartirse el dinero lo llevaron a una escribanía para rescindir el contrato de inversión y presentar ese papel al banco, para justificar el dinero retirado.
El caso saltó a luz cuando desde el banco alertaron a Pereira de que había un problema con la transferencia, pese a que este ya había retirado el dinero. Por lo que fue convocado a la entidad, donde se produjo su detención.