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En comunicación con ABC Cardinal este viernes, la fiscala Liliana Duarte comentó sobre el asesinato de un comerciante de joyas ocurrido el pasado miércoles en Ciudad del Este, por el que fueron detenidos dos sospechosos, ambos con libertad condicional.
La fiscala Duarte fue quien logró en 2019 una condena de 10 años de prisión para uno de los sospechosos, Hernán Ariel Leguizamón, por un hecho de robo agravado ocurrido en 2017. Sin embargo, en diciembre de 2023, el juez de ejecución Aldo Moreira le concedió libertad condicional.
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La fiscala Duarte dijo que se opuso al pedido de libertad condicional de Leguizamón y presentó al juez Moreira un dictamen señalando que el condenado “no estaba en condiciones para reinsertarse” a la sociedad y ni siquiera había establecido un lugar de residencia para luego de su eventual liberación.
“Hace caso omiso a mi oposición el juez y concede la libertad condicional”, lamentó la agente del Ministerio Público.
Apelación fue resuelta recién ayer
La fiscala presentó una apelación a la decisión del juez Moreira refiriendo que este no fundamentó su fallo, limitándose a citar artículos del Código Penal o la Constitución Nacional sin tener en cuenta, en su opinión, que una de las finalidades de la pena de cárcel es “la protección de la sociedad”.
Llamativamente, la Cámara de Apelaciones resolvió sobre el pedido de la fiscala Duarte revocando la libertad condicional de Leguizamón recién ayer, jueves, luego del asesinato del comerciante Éver Antonio Castellani (41) y la detención de Leguizamón y de Adrián Ramón Cabral (26) como sospechosos.
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La fiscala dijo creer que la muerte de Castellani pudo haberse evitado.
“Las personas (privadas de su libertad) tienen que ser preparadas para reinsertarse”, subrayó. Indicó que Leguizamón “ya era un peligro” a los 18 años de edad, cuando fue condenado por el hecho de robo agravado.
En un contexto más amplio, indicó que el sistema penitenciario simplemente no cuenta con los operadores necesarios para asegurar esa reinserción.
Puso como ejemplo la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, donde indicó que hay alrededor de 1.500 personas privadas de su libertad –unas 600 con condena– y “una sola psiquiatra para atenderlos”.