El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por el juez Matías Garcete e integrado por Elsa García y Adriana Planás, condenó este miércoles último al oficial segundo Jhonny Ariel Giménez Amarilla a 4 años de cárcel y al suboficial inspector Reinaldo Ramón Esquivel, a 3 años. En ambos casos por extorsión y cohecho pasivo agravado (coima).
El Ministerio Público estuvo representado durante el juicio oral y público por el agente fiscal Federico Delfino Ginés, de la Unidad Especializada en Antisecuestro.
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Los policías ahora condenados, prestaban servicios en la comisaría 14° de Asunción, ubicada sobre la avenida General Santos.
El hecho cometido por los uniformados se registró el 4 de mayo de 2024, a las 4:00, resultando víctima un conductor. La causa se inició luego de la denuncia presentada por el afectado ante el Departamento de Antisecuestro de Personas de la Policía y luego remitida a esta Unidad Especializada de Antisecuestro de la Fiscalía.
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Policías pescaron y extorsionaron a conductor
De acuerdo con los datos de la acusación fiscal, el 4 de mayo de 2024 a las 4:00, el oficial segundo Jhonny Giménez y el suboficial Reinaldo Esquivel, a bordo de la Patrullera M-140, realizaban patrullaje. En un momento dado visualizaron una camioneta Kia Sportage blanco, que era guiado por Fernando Jesús Torres Marecos.
Inmediatamente después, Jhonny Giménez dio la señal a su camarada para iniciar la peresecución. Una vez que dieron alcance al vehículo, Giménez le hizo la señal de pare, a lo que Torres detuvo la marcha. El oficial entonces bajó del móvil policial, se acercó a la Sportage y solicitó sus documentos a Torres.
Luego de todo aquello, Giménez solicitó al conductor Fernando Torres que lo acompañe hasta la comisaría para hacerle la prueba de alcotest. Para esto, Giménez ordenó a Torres a que baje del vehículo y pase al asiento del acompañante, a modo de que él conduzca al camioneta hasta la sede policial escoltado por la patrullera.
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Una vez en la comisaría, el oficial segundo Jhonny Giménez y Reinaldo Esquivel le explicaron a Fernando Torres la consecuencia de un resultado positivo de alcotest, amenazándolo con enviar los antecedentes al Ministerio Público y convocar a la prensa.
Tras inducirle el temor a un proceso penal, los policías aprovecharon para exigirle la suma de G. 900.000, primero para no hacerle la prueba de alcotest. Fernando Torres, por miedo a represalias, accedió a la exigencia, subió a la patrullera y con los policías fueron hasta un cajero automático del Super Seis de la avenida Félix Bogado, pero como estaba cerrado, fueron hasta un surtidor.
Mediante filmaciones de cámaras de seguridad, se constató que a las 4:44, Fernando Torres ingresó a un cajero automático con su billetera y una tarjeta. De ahí extrajo la suma de G. 900.000. Luego subió a la patrullera nuevamente, entregó el dinero y volvieron a la comisaría, donde fue liberado.
Policía afrontó proceso por hecho similar en PJC
El 17 de diciembre de 2019, tres agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía, Alcides Villa Robles, Nelson Solís Chamorro y Jhony Ariel Giménez Amarilla, fueron acusados por familiares de un ciudadano brasileño Roni Javier Bazán Borchardt, de que le habían plantado droga en su camioneta.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el 6 de diciembre de 2019 en pleno centro de Pedro Juan Caballero, los citados policías incautaron 164 gramos de cocaína que supuestamente estaban en la carrocería de una camioneta Toyota Hilux, negra, propiedad de Roni Javier Bazán Borchardt, quien luego recuperó su libertad al alegar que la droga le fue plantada por los policías para extorsionarlo.
El brasileño salió sobreseído definitivamente en base a pericias realizadas en el marco de la investigación. De hecho, a través de filmaciones de seguridad, se constató que cuando era perseguido por los policías, la carpa de su camioneta estaba intacta, pero al momento de la verificación policial, ya estaba cortada y, precisamente de ese lugar, fue extraída la droga.
Los policías finalmente fueron imputados por la fiscala de Pedro Juan Caballero, Katia Uemura. El martes 9 de marzo de 2021, se pusieron a disposición de la justicia. Su causa estuvo a cargo del juez Martín Areco, quien fue recusado por ellos y la misma pasó a cargo de la jueza Sady Estela López (hoy exjueza), quien dictó la prisión preventiva de los agentes.
El 28 de diciembre de 2021, los policías finalmente tras la realización de la audiencia preliminar fueron sobreseídos definitivamente, por el juez penal de garantías Álvaro Rojas. Esto, debido a que el fiscal Celso Morales, se allanó al pedido de la defensa, pues no contaba con elementos para sostener una acusación.
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Lalo Gomes habría operado para liberar a policías
El 17 de noviembre de 2021, Lizany Gómez le escribió a su tío, el entonces presidente de la ARP Regional Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista, sobre la situación de unos policías del Grupo Especial de Operaciones (GEO), que estaban procesados por extorsión, tras plantar droga a un hombre en su camioneta. Específicamente por el caso de Jhonny Giménez.
Por esta causa había un recurso en cámara de Apelación, integrada por los jueces Modesto Cano, María Francisca Prette y Bartolomé Domínguez. En este contexto, Gomes hizo saber a su sobrina que Cano “iba a hacer su parte” y que también “le tenemos a Bartolomé”.
Lizany, por su parte, le dijo que el fiscal Celso Morales no tenía elementos para acusar y, en la audiencia preliminar, finalmente el propio Morales pidió el sobreseimiento definitivo de los policías, al cual se hizo lugar.