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Atentados contra periodistas se investigan como “coacción grave”, indica la Fiscalía

Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Sonia Sanguinés fiscal fiscalía derechos humanos Ministerio Público
La fiscal Sonia Sanguinés.José Heid

La fiscala especializada en derechos humanos Sonia Sanguinés, quien investiga los recientes ataques a los domicilios de los periodistas Carlos Benítez y Aníbal Benítez en Lambaré, señaló que se presume que los ataques se realizaron con el objetivo de “cercenar la labor periodística”.

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En comunicación con ABC Color este miércoles, la fiscal Sonia Sanguinés, de la unidad especializada en derechos humanos del Ministerio Público, habló de la investigación en curso sobre los últimos casos de atentados contra los domicilios de periodistas, el más reciente de los cuales tuvo lugar ayer en Lambaré.

El ataque con una presunta “bomba molotov” que se produjo ayer contra el domicilio en Lambaré del periodista Aníbal Benítez es el tercer incidente de ese tipo que afecta a comunicadores en esa ciudad en un periodo de menos de un mes.

Semanas antes se realizaron disparos con armas de fuego contra las viviendas de Fabián Costa, encargado de prensa de la Municipalidad de Lambaré; y de Carlos Benítez, director del medio El Observador.

Lea más: SPP lamenta postergación de la Ley de Protección a Periodistas

La fiscala Sanguinés señaló que, aunque por el momento no hay indicios de que los últimos dos ataques estén relacionados, llama la atención que ambos casos afectan a periodistas que publican información relacionada a casos judiciales.

Buscan filmaciones de circuito cerrado

En estos momentos, la Fiscalía está abocada a la obtención de imágenes de cámaras de circuito cerrado de las inmediaciones del domicilio de Aníbal Benítez que permitan identificar a los agresores y el trayecto que siguieron, indicó la fiscal.

Lea más: Los periodistas “no están desprotegidos”, según Bachi Núñez

La representante del Ministerio Público indicó que los hechos se investigan bajo las figuras penales de producción de riesgos y coacción grave, teniendo en cuenta que, según la presunción, los hechos se dieron “en un contexto laboral” y con el objetivo de “cercenar la labor periodística” de los afectados.

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