Por medio del Auto Interlocutorio (AI) N° 261, la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía resolvió otorgar la libertad ambulatoria a la escribana María Luisa Verón de Jara. La notaria, tras ser imputada por la Fiscalía en el caso Copia Fiel, en septiembre pasado, venía cumpliendo arresto domiciliario. Está investigada por las transferencias de bienes de Alexandre Rodrigues Gomes, acusado en el caso Pavo Real Py II.
En este sentido, la notaria pública debe cumplir con ciertas medidas que le impuso el juzgado de Rosarito Montanía. Estas consisten en, la prohibición de salir del país, sin previa autorización del juzgado; la prohibición de ponerse en contacto con los demás co-imputados, bajo ningún medio de comunicación; y la obligación de comparecer ante el juzgado, en los primeros cinco días de cada mes, para firmar el libro correspondiente.
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También, dentro de este proceso, la magistrada trabó el embargo preventivo sobre el inmueble propiedad Horizontal HOR A02, del edificio Fortaleza IV, situado en el distrito de La Catedral, de Asunción, registrado a nombre de Juan Carlos Jára Sosa, eposo de la escribana, hasta cubrir la suma de G. 400 millones.
La representante de la fe pública fue imputada por los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso, por los fiscales Alejandro Cardozo, José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez, en el marco del caso denominado “Copia fiel”.
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Imputaciones por transferencias de bienes de Alexandre Rodrigues
En septiembre, fueron imputados Alexandre Rodrigues Gomes y las escribanas públicas Blanca Rossana Ozuna Leguizamón (San Lorenzo, María Luisa Verón de Jara (Areguá) y María Raquel Cáceres Olmedo (Fernando de la Mora).
La Fiscalía atribuyó a Alexandre Rodrigues, la presunta comisión de lavado de dinero, en la modalidad de autoría de frustración del comiso; así como la instigación para la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso.
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En tanto que a las escribanas Blanca Ozuna, María Verón y María Cáceres, se le sindican los hechos son la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso.
Por estos mismos hechos, pero en una causa diferente, Rodrigues, fue imputado por lavado de dinero junto con el abogado Óscar Luis Tuma Bogado, quien ejerció su defensa desde el 20 de agosto de 2024; también la funcionaria de la Dirección General de los Registros Públicos, Alcira Celeste Rodríguez Flores, por alteración de datos, acceso indebido a sistemas informáticos y alteración de datos relevantes para la prueba.
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Alteración en la DGRP permitió transferencias de bienes
El 19 de agosto de 2024, se ejecutó la operación “Pavo Real Py II”, con allanamientos en simultáneo a las casas del entonces diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista y su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, ubicadas en Pedro Juan Caballero. En el procedimiento , murió el legislador y Alexandre Rodrigues cayó preso. El operativo fue dirigido por los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres.
Ese día, el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, a través del AI N° 331, decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes sobre Alexandre Rodrigues, lo que lo inhabilitaba para disponer de sus bienes. El 20 de agosto, el abogado Óscar Tuma asumió como defensor penal de Alexandre.
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Ese día , el juzgado ordenó vía oficio a la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), que se registre la medida cautelar a los imputados, entre ellos Alexandre Rodrigues. A las 8:22 se informó al juzgado que a las 7:44 se cumplió con lo solicitado. Las anotaciones estuvieron a cargo de la funcionaria Graciela Rodríguez, con código de usuario 101.
El abogado Óscar Tuma apeló el AI N° 331 a las 0:56 del 21 de agosto de 2024, con el argumento de que la medida cautelar era nula, pues la admisión de la imputación aún no estaba firme. A estas alturas, Tuma ya tenía conocimiento de la medida cautelar y todo el contenido del expediente electrónico, según fiscalia.
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Ese 21 de agosto, a las 12:22, la funcionaria de la DGRP imputada Alcira Celeste Rodríguez Flores, ingresó al sistema con su código de usuario 107, realizó una actualización en la anotación de Alexandre Rodrigues Gomes, reemplazando su nombre y apellido por el de Alexandra Rodríguez Giménez; y también los números de cédulas, de 6.518.333 por 5.183.336. Esto “limpió” al procesado de la medida judicial.
Alexandre Rodrigues hizo 12 transferencias en 10 meses
A partir de la modificación de los datos de Alexandre Rodrigues en el sistema informático de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), realizó en total 12 transferencias, cuatro de ellas relacionadas a inmuebles que pasó a nombre de su abogado defensor Óscar Tuma, como dación en pago por sus honorarios profesionales, y 8 rodados, entre camiones, camionetas y semirremolques.
Según la imputación, las transferencias de los bienes registrados a nombre de Alexandre Rodrigues se iniciaron inmediatamente después de la alteración de datos en el sistema de la DGRP, es decir, ocurrieron entre el 22 de agosto de 2024 y el 24 mayo de 2025.
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En relación a la escribana María Raquel Cáceres, a las 9:25 del 20 de agosto de 2024, solicitó informes a la DGRP sobre la condición de Rodrigues, la institución contestó el 21 de agosto de 2024 a las 8:07, informando que Rodrigues tenía inhibición general de general de enajenar y gravar bienes, dispuesta por el juez Osmar Legal, por AI N° 331 del 20 de agosto.
Una segunda solicitud fue hecha por la escribana María Cáceres, a las 11:39 del 21 de agosto, que fue contestada el 22 de agosto de 2024 a las 9:19, informándose que Alexandre Rodrigues ya no tenía medida cautelar alguna. Esto debido a que el 21 de agosto de 2024, a las 12:22 se produjo la alteración de los datos del encausado en el sistema de la DGRP.
Utilizaron poder de presunto narco y datos de una fallecida
El 22 de agosto de 2024, según consta en la escritura, Roberto Santiago Ayala Galeano invocó poder general con cláusula para transferencia y actuó, supuestamente en representación de Alexandre Rodrigues, en relación a un camión, por G. 770 millones, y un semirremolque, por G. 120 millones a favor de César García.
El 12 de febrero de 2025, bajo la misma modalidad, supuestamente Alexandre Rodrigues representado bajo poder general por Roberto Ayala, transfirió un camión, por G. 530 millones, y un semirremolque, por G. 200 millones, a Catalina Rosa Domínguez. Es preciso señalar que la mujer, paraguaya, fue asesinada el 13 de diciembre de 2020 en Argentina, por su esposo paraguayo.
Así también se debe destacar que, el poder general con cláusula especial para transferencia fue confeccionado el 8 de julio de 2019, por la escribana Blanca Rossana Ozuna Leguizamón. Dicha autorización notarial la había otorgado el presunto narcotraficante Faustino Ramón Aguayo Cabañas, según la imputación fiscal.
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Por su parte, la escribana Blanca Ozuna elaboró el 10 de abril de 2025 escritura pública con objeto de “compra-venta” del camión y un semirremolque, en favor de Tanya Leticia Acuña, en representación de la firma “Castellano SA”. En relación a ambos rodados, habrían simulado que fue Catalina Rosa Domínguez quien transfería dichos bienes.
En cuanto a las notaria pública María Luis Verón, elaboró las escrituras públicas mediante las cuales, Alexandre Rodrigues transfirió un camión Iveco y dos camionetas, una Ram Larame y una Toyota Landcruiser, a un joven de 23 años, el 9 de setiembre de 2024; así como una camioneta Ford F-1000 a un hombre de 40 años, el 16 de setiembre de 2024. En ambos casos se hizo constar presuntamente en forma falsa la comparecencia de Rodrigues.