La operación Sericeo se llevó a cabo el lunes último, cuando policías del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT) y militares de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) allanaron la armería Camping 44, que funciona en la avenida Artigas de Asunción.
Fue bajo la dirección del fiscal Carlos Alejandro Cardozo Pereira, de la Unidad Especializada de Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.
Previamente, los investigadores ya habían arrestado en su casa de Limpio a Tamara Scarlet Recalde Viveros, de 26 años, y en su domicilio de San Lorenzo a Nelson Osmar Rizzi, de 43 años, empleados de la armería Camping 44, quienes de hecho ahora ya están en a cárcel.
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Estos últimos fueron imputados porque el 30 de noviembre de 2022 declararon ante la Digemabel la venta de un lote de pistolas de la marca Emtan, modelo Ramón, calibre 9 milímetros, que en realidad en ese momento ya estaban incautadas en Brasil.
De hecho, ese caso del año 2022, que fue advertido por la Policía Federal (PF) de Brasil, fue el que motivó la apertura de una causa penal en Paraguay y el allanamiento del lunes último a la armería Camping 44.
Por la causa, también está imputado pero prófugo el empresario Osvaldo Ramón Cantero Benítez, de 53 años, dueño de la armería RC Comercial de Ciudad del Este, quien declaró ante la Digemabel haber comprado las armas de Camping 44 que para ese momento en realidad ya estaban incautadas en Brasil.
Versión de la empresa intervenida
El presentante legal de la armería Camping 44, Diego Nadiv Kemper Zimerliz, visitó ayer el canal ABC TV y aseguró durante el programa Crimen y Castigo que su empresa cumplió con todos los pasos establecidos por el órgano regulador, Digemabel, incluso en el caso de las armas que cayeron en Brasil.
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Explicó que ellos se limitan a vender solo a las casas comerciales habilitadas por los militares, en referencia a la armería RC Comercial de Ciudad del Este.
Cuando se le preguntó por qué sus empleados Tamara Scarlet Recalde Viveros Nelson Osmar Rizzi comunicaron la supuesta venta de las armas cuando en realidad ya estaban incautadas, Diego Kemper respondió que de momento aún creen en la presunción de inocencia de ambos y pidió que la Fiscalía investigué a fondo qué fue lo que pasó.
Kemper incluso señaló que celebra que las autoridades hagan este tipo de investigaciones porque le duele mucho que se asocie a nuestro país con el tráfico internacional de armas.
Explicó que el faltante de unas 90.000 municiones y el excedente de otras 45.000, detectados en una revisión de la Digemabel, es solo una cuestión administrativa que va a ser resuelta en breve con la presentación de los documentos correspondientes.
Por último, dijo que su empresa tiene 35 años de trayectoria y que nunca actuaron al margen de la legalidad.