El fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Andrés Arriola, presentó requerimiento conclusivo acusatorio contra un total de 14 personas, dos policías entre ellas, que operaban en el distrito de Cerrito, departamento de Ñeembucú. Así también, solicitó al juzgado penal de garantías Especializado en Crimen Organizado a cargo de Lici Sánchez, que eleve a juicio oral y público la causa relacionada al caso Cross.
Se trata del peón Eusebio Blanco Blanco (57), la funcionaria de la Municipalidad de Cerrito Estela Sanabria Villalba (45), directora de Turismo Mariela Sanabria Villalba (35), el comerciante y abogado Fernando Luis Florentín Brítos (46), el comerciante Aníbal Almada Russi (45), los operadores de maquinarias Alexis Elías Centurión Romero (32) y Alfredo Ignacio Centurión Romero (34), y el chofer Édgar Agustín Lambaré González (31).
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También el albañil Reinaldo Ramón Aquino (29), los pescadores Ramón Leodegar Salinas Mercado (23) y Héctor Darío Salinas (39), así como el enfermero del Centro de Salud de Cerrito Pedro Alcántara Lobos López (43), el oficial primero Lucas Gabriel Riveros Coronel (32) y el suboficial mayor Lucas Vera Bordón (43).
Por otra parte, el agente del Ministerio Público solicitó la extinción de la acción penal en contra de los investigados Filomeno Sanabria López, quien falleció el 11 de diciembre de 2025, en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) donde estuvo hospitalizado desde el 30 de noviembre de 2025; mismo requerimiento hizo el fiscal para el caso de Evelio Leodegar Salinas Bogado, fallecido a consecuencia de una hemorragia, pero sin que se especifique la causa.
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Hechos acusados por la Fiscalía
El agente fiscal Arriola subsumió la conducta de los acusados Fernando Florentín; Aníbal Almada; Edgar Lambaré; Alexis Centurión; Alfredo Centurión; Reinaldo Aquino; Eusebio Blanco; Ramón Salinas; Héctor Salinas, en los hechos de tráfico internacional de drogas, por la remisión (art. 26) y la tenencia sin autorización de sustancias (art. 27), la asociación criminal (art. 42) y la comercialización de sustancias (art. 44), según la Ley N° 1.340/88.
En los casos de las mujeres, Estela y Mariela Sanabria, se les atribuye las conductas de asociación criminal y comercialización de estupefacientes; en tanto que a Pedro Lobos, se el sindica de haber cometido tráfico internacional de estupefacientes, estar asociado criminalmente y comercializado drogas.
Mientras que los policías, Lucas Vera y Lucas Riveros, además de la asociación criminal y la comercialización de sustancias estupefacientes, se les añade la complicidad o encubrimiento para la comisión de los ilícitos (art. 39). Al segundo se le suma también el tráfico internacional de drogas.
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Colaboradores logísticos y financieros de la estructura
De acuerdo con la acusación fiscal, Eusebio Blanco fungía de operador logístico en tierra para la estructura criminal. Presuntamente, mediante su colaboración se logró introducir al país 80,431 kilos de cocaína.
Se detalla que, entre el 6 de julio del 2024 hasta mediados de agosto de 2024, en forma conjunta con el fallecido Filomeno Sanabria, y bajo la dirección de Christian Forneron, quien está en rebeldía, el 16 de julio de 2024, en una pista de aterrizajes no autorizada, ubicada en inmediaciones de las coordenadas geográficas 27°17’20.49”S 57°44’25.73”, ubicada en la localidad de Cerrito, operaron para el descenso de una aeronave Cessna 210N con matrícula boliviana CP-2200, cargada con drogas.
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En cuanto a su intervención como miembro de la estructura, Eusebio Blanco, para la Fiscalía, tuvo conocimiento previo y detallado de la planificación de la operación aérea, participó en los preparatorios para el descenso de aviones que movían la cocaína. Además, se corroboró que acondicionó la pista denominada “TAJY”, con la limpieza del lugar con otros operadores.
Otra de sus funciones consistía en el traslado y custodia del combustible de aviación, el cual ocultó en la zona boscosa, además, monitoreaba el movimiento de personas vinculadas a la organización, así como en el control de accesos y observación del entorno, con la finalidad de evitar la detección de las autoridades, según la Fiscalía.
Por su parte, Estela Sanabria habría brindado asistencia a los operadores extranjeros, colaborando en tareas destinadas a facilitar su permanencia en la zona, les brindó hospedaje, alimentación, resguardo de pertenencias y asistencia doméstica a cambio de un beneficio económico, bajo conocimiento de la ilicitud de las actividades que realizaban los mismos.
La otra acusada, Mariela Sanabria, colaboró consciente y funcionalmente cumpliendo tareas de enlace, apoyo logístico y beneficio económico a través de su pareja Christian Forneron. En ese sentido, según la fiscalía, facilitó comunicaciones entre los miembros y también gestionó movimientos financieros prestando su cuenta bancaria para ello.
Policías no solo dieron cobertura, también movieron drogas
A los demás supuestos miembros de la estructura, Fernando Florentín, Aníbal Almada, alias Tyky, Alfredo Centurión, alias Choto, Alexis Centurión, Edgar Lambaré, Reinaldo Aquino, Ramón Salinas, Héctor Salinas, Pedro Lobos, se les sindica haber llevado a cabo, en fecha 17 de diciembre de 2024, operaciones para introducir al suelo paraguayo 457,45 kilos de cocaína, para luego remitirlos hacia Uruguay o Argentina.
Esa carga, había sido trasladada en una aeronave Cessna, blanco, pintada en la parte inferior de color azul marino con detalles de franjas rojas y grises, sin matrícula visible, procedente de Bolivia. Esta aterrizó en el Aeródromo Municipal de Cerrito, de Ñeembucú, cuyo uso fue gestionado por Pedro Lobos.
Tras la descarga de la droga, presuntamente Reinaldo Aquino condujo una camioneta Kia, cabina simple, de color blanco, con matrícula AAFF 083, que contaba con doble fondo en la carrocería, hasta un punto fronterizo del país, para su posterior distribución en el mercado extranjero. Como acompañante en la misma viajaba Alexis Centurión.
En la acusación fiscal se resalta que el oficial primero Lucas Riveros, en ese entonces se desempeñaba como jefe de la comisaría 16° de Cerrito, y, valiéndose de esa condición, brindó cobertura institucional, además de controla el entorno y neutralizar riesgos, en favor de la organización criminal liderada por Christian Forneron.
Así también, Riveros coordinó traslados fluviales y terrestre de los pilotos que abandonaron la aeronave en el lado argentino, el 16 de julio del 2024, en forma conjunta y coordinada con el suboficial mayor Lucas Bordón, también personal de la comisaría 16° de Cerrito, pues Bordón contaba con una embarcación, de acuerdo con los audios de las llamadas telefónicas interceptadas bajo autorización judicial.