El asalto al banco Itaú se produjo en la madrugada del 30 de octubre de 2025 en la sucursal que queda en la Ruta PY03, en pleno centro de la ciudad de Katueté, departamento de Canindeyú.
Los asaltantes usaron al menos dos bombas que destruyeron casi todo el edificio, incluyendo la bóveda, donde supuestamente había un caudal equivalente a unos 916.000 dólares, de los cuales se recuperaron entre los escombros el equivalente a unos 478.000 dólares, por lo que entonces el monto faltante, quemado o robado fue de aproximadamente 438.000 dólares.
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Los rastros dejados por los delincuentes ayudaron a los militares de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) a identificar el origen de los explosivos, que en teoría tenían que estar en la cantera Petters SA, que funciona a 2 kilómetros de la Ruta PY06, en la zona conocida como Calle 28 Monday, en el distrito de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.
Esa misma información llevó a la Fiscalía a ordenar el 4 de noviembre del año pasado la detención del dueño de la cantera, Deivid Petter De Souza, brasileño, de 34 años, y del explosivista autorizado del establecimiento, Andrés Pintos Venialgo, paraguayo, de 59 años, ante las sospechas de que uno de estos o ambos vendieron los explosivos a los asaltantes que actuaron en Katueté.
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El 26 de noviembre, se entregó el explosivista Andrés Pintos Venialgo, quien luego de una breve permanencia en prisión fue beneficiado con arresto domiciliario.
Ahora, el lunes último, 2 de febrero de 2026, tras permanecer prófugo por dos meses, se presentó el dueño de la cantera, Deivid Petter De Souza, quien sin embargo automáticamente obtuvo también el arresto domiciliario.
La medida le fue concedida por la jueza de Katueté, Ilda Rosa Acosta Alvarenga, aunque con la aprobación de la Fiscalía, representada en este caso por los fiscales Óscar Javier Paredes López y Hernán Ricardo Mendoza Quintana.
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Buscan a otro supuesto implicado en asalto
Los representantes del Ministerio Público también emitieron ahora otra orden de detención, en este caso contra el tractorista de la misma cantera, Eliseo Aguirre Ortiz, paraguayo, de 40 años, cuya captura ahora pasa a ser prioridad.
Resulta que el tractorista sería el que recibió en la cantera los explosivos que después se usaron en el asalto.
Los explosivos fueron entregados en la cantera por los militares de la Digemabel, quienes son a su vez los encargados de regular el uso de estos materiales.
Básicamente, una teoría nueva es que este tractorista pudo haber vendido los explosivos a los asaltantes.