Lo que comenzó como una noche de retorno familiar se convirtió en una pesadilla. El pasado 8 de febrero, ya en horas de la noche, un bus de la Línea 79 (Empresa San Miguel) protagonizó un siniestro vial en pleno centro de San Bernardino que ha destapado una red de irregularidades: vehículos no autorizados, falta de seguros y presunto tráfico de influencias.
Limpia Chamorro, una de las afectadas, relató: “Estábamos esperando que se haga luz verde. En ese ínterin, el colectivo ya empezó a tener problemas. No sé si no tenía frenos o qué pasó, pero al retroceder el impacto fue inevitable”.
Según le comentó el conductor, el bus regresaba de una excursión y ya presentaba fallas mecánicas previas.
Tras el percance, el chofer de la Línea 79 decidió no detenerse, iniciando una huida que obligó a los afectados a seguirlo con ayuda de testigos. Una vez interceptado, el ambiente se tornó violento.
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Una vez que lograron contactar con la dueña de la empresa, Camila Santos, esta fue desafiante, según los denunciantes. “En una de las pocas llamadas que atendió, afirmó que no se haría cargo de los gastos, alegando que el servicio está tercerizado”.
Lo más alarmante es el presunto alarde de impunidad, ya que la dueña habría asegurado que la fiscala del caso es su amiga y que el director de tránsito local es cercano a su familia.
Como solución, según la denuncia de los afectados, la empresa les propuso mentir en una nueva denuncia para involucrar a otro bus que sí tuviera seguro, oferta que fue rechazada por ser un acto criminal.
A casi un mes del hecho, la familia Chamorro sigue esperando justicia mientras el vehículo que provocó el daño -según lamentan las víctimas- continúa circulando impunemente por las rutas del país.