La sentencia fue dictada al término del juicio oral y público por el Tribunal presidido por el magistrado Pedro Nazer Ávila, e integrado por los jueces Hugo Ignacio Ríos Alcaraz y Fabiola Quintero. El condenado deberá cumplir la pena en la Penitenciaría Regional de Misiones.
El crimen ocurrió el 6 de febrero de 2023, en horas de la tarde, sobre un camino vecinal del barrio Itatí, en la jurisdicción de Mbuyapey. La víctima fue María Selva Cano, de 30 años, quien perdió la vida tras ser atacada por su expareja.
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Durante el juicio, el Ministerio Público representado por Óscar Fernández, sostuvo que el ahora condenado interceptó a la mujer cuando se dirigía hacia un arroyo y la atacó con un cuchillo, provocándole heridas mortales. La víctima falleció en el lugar.
De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio refiere que el hecho fue presenciado por el hijo menor de la víctima, así como por una vecina identificada como Catalina Duré y el hijo de esta, quienes se encontraban acompañando a la mujer al momento del ataque.
El condenado no aceptaba la separación
La investigación fiscal permitió acreditar que la víctima había mantenido una relación de pareja con el condenado durante varios años y que, durante ese tiempo, fue víctima de violencia física, amenazas de muerte y constantes episodios de celos. Tras poner fin a la relación, el hombre no aceptó la separación y continuó persiguiéndola con la intención de retomar el vínculo, situación que derivó en el crimen.
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Según los antecedentes expuestos en el juicio, la mujer ya había iniciado una nueva relación sentimental con Jorge Daniel Britos Pintos, de 28 años. Tras el suceso de feminicidio, el joven se quitó la vida tras enterarse del asesinato de su pareja.
Asimismo, el ahora condenado en el momento del hecho, Aponte Martínez, intentó quitarse la vida, pero fue auxiliado y trasladado hasta el hospital local para recibir atención médica, quedando posteriormente a disposición de la Justicia.
En representación del Ministerio Público intervino el agente fiscal Óscar Fernández, mientras que la defensa técnica estuvo a cargo de la defensora pública Cristina Espinoza. La condena fue dictada tras la valoración de las pruebas producidas durante el juicio oral y público.