El Ministerio Público ofreció un informe detallado sobre los operativos contra delitos electorales realizados en todo el país. La fiscala coordinadora del operativo, Sandra Ledesma, confirmó que la cifra de detenidos por supuestas maniobras ilícitas vinculadas al proceso eleccionario ascendió a 22 personas.
Entre los procedimientos más llamativos de la jornada figuró el allanamiento a la propiedad del candidato al intendente Hernán Rivas, en la ciudad de Tomás Romero Pereira, departamento de Itapúa, tras recibir denuncias de que la residencia funcionaba como un puesto de comando (PC) donde aparentemente se pagaba a electores por sus documentos de identidad.
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El procedimiento en la vivienda de Rivas estuvo a cargo del fiscal Walter Castro, quien ingresó a la propiedad con una orden. De acuerdo con el reporte oficial presentado en la conferencia de prensa, las autoridades no hallaron dinero en efectivo ni cédulas de identidad acumuladas al momento del cateo.
Compra de cédulas, votación de menor e impedimentos para sufragar
El balance del Ministerio Público expone irregularidades en varios distritos del país. En el norte, el fiscal Nilsa Torales encabezó un allanamiento a un supuesto PC asignado al Partido Liberal en Caaguazú, respondiendo también a sospechas de retención y pago por cédulas de votantes.
Por su parte, en Quiindy, el fiscal Óscar Ruiz intervino ante denuncias de impedimento directo al proceso electoral. En la ciudad de Pilar, el agente David Cabral tomó intervención tras registrarse agresiones físicas entre apoderados de facciones rivales a la entrada de un colegio electoral.
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Uno de los hechos más insólitos reportados durante la jornada ocurrió en el norte del país, donde una menor de edad se presentó en la mesa de votación portando la cédula de identidad perteneciente a una persona mayor e intentó sufragar. El hecho fue frenado a tiempo por las autoridades de mesa y el fiscal Blas Pizani dispuso la restitución inmediata de la menor bajo el cuidado y la responsabilidad de sus padres.
Paralelamente, en San Juan Nepomuceno, la fiscala Liza Baeza abrió una causa penal tras la difusión de imágenes que vulneraban abiertamente el secreto del voto. Se grabó además el momento exacto en que marcaban la pantalla de la máquina electrónica.
Se recepcionaron denuncias en redes sociales
La fiscala Ledesma explicó que el centro de monitoreo del Ministerio Público realizó al menos ocho constituciones policiales a partir de publicaciones de denuncias que se hicieron virales en plataformas digitales.
La representante del Ministerio Público detalló que la labor investigativa chocó con serias dificultades técnicas, ya que la gran mayoría de los usuarios subía fotografías o videos denunciando varios delitos, pero sin precisar la dirección, el nombre del colegio electoral o la identidad del presunto infractor. En las localidades donde se aportaron datos geográficos concretos, los agentes policiales se hicieron presentes para elaborar los partes correspondientes.
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Además de los 22 procesados directamente por el Ministerio Público, la Policía Nacional reportó por su parte la aprehensión de más personas.
En gran parte de estos casos se trató de ciudadanos que acudieron a sufragar contando con órdenes de captura pendientes por delitos ordinarios y que terminaron siendo identificados en los controles preventivos por los agentes en los accesos a los locales de votación.