El titular aclaró de inicio que la prioridad para la Justicia Electoral es incentivar la participación democrática mediante la convicción y el fortalecimiento de las instituciones, más allá de la recaudación. “Estamos haciendo una campaña de conciencia cívica para que la gente vaya a votar, no porque le van a cobrar una multa, sino porque están convencidos. Tenemos que seguir fortaleciendo, construyendo democracia, estado de derecho y que la gente confíe en su sistema electoral”, aseguró.
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La autoridad recordó que la única sanción vigente en caso de no acudir al ejercicio del sufragio es una económica de G. 117.000, sin que existan otras consecuencias. “No es que no exista una sanción, existe una sanción que es una multa, pero venimos construyendo un procedimiento para que el ciudadano también pueda defenderse y pueda justificarse”, remarcó.
En ese sentido, dijo que el ciudadano podrá realizar el pago inicial de la multa directamente ante la Justicia Electoral a través de los canales administrativos y bancarios habilitados.
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También se habilitará un formulario antes de las elecciones para que las personas que no puedan votar (por enfermedad, encontrarse en el extranjero, etc.) puedan justificar su ausencia con sus descargos y pruebas correspondientes. “Va a existir el debido proceso y el derecho a la defensa. Luego de la apertura de eso vamos a tener un listado de las personas que no votaron, que va a estar en la página y con la debida discreción; es decir, cada persona va a poder ingresar a ese listado, ver cómo se encuentra eso y va a tener las posibilidades a través de nuestros jueces de poder justificar por qué no ha asistido”, detalló.
En caso de incumplimiento prolongado y agotadas las instancias administrativas previo proceso, el cobro pasará a ser gestionado por la Procuraduría General de la República. “Se ha dictado una reglamentación que vamos a poner a conocimiento de la gente: va a haber un procedimiento ante la Procuraduría General de la República, que es la que se encarga de todos estos temas patrimoniales. Tenemos que ajustar ese procedimiento y también los aspectos administrativos”, dijo.
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Coordinación institucional
Bogarín también explicó que se reglamentó un procedimiento en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas para la habilitación de cuentas específicas destinadas a honrar esas multas. “Estamos trabajando en una forma de facilitar el pago y eso va a ser informado por nuestra dirección administrativa para que los ciudadanos conozcan ese procedimiento”, adelantó.
Para ello, una vez finalizada la jornada electoral y consolidados los datos de las mesas, la Dirección de Informática del TSJE realizará un cruce técnico entre las listas de votantes y no votantes. Se habilitará una plataforma donde cada ciudadano podrá verificar su estado de sufragio ingresando su número de cédula de identidad.
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Esta herramienta permitirá también detectar de forma preventiva si una persona figura falsamente como votante habiendo estado ausente.
La multa se aplicará
Ayer, el director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, confirmó que se aplicará la multa a las personas que no concurran a votar en las elecciones municipales del domingo 4 de octubre. Pero la legislación no contempla un castigo adicional para quienes posteriormente no abonen el monto establecido.
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El funcionario sostuvo que la legislación quedó “renga”, porque establece la pena por la no participación electoral, pero no contempla una sanción adicional ante el eventual incumplimiento del pago de la misma.
Observación electoral
La autoridad confirmó la presencia y fiscalización de diversas delegaciones internacionales como las de la OEA, UNIORE, AWEB y MEA, entre otras, para garantizar las elecciones. Asimismo, se informó sobre la apertura del proceso de inscripción para organizaciones nacionales; sin embargo, ninguna ONG o entidad local completó su registro. “Hemos abierto la posibilidad de inscripción. Se ha informado y nadie se ha inscrito”, señaló Bogarín.
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El tribunal aclaró que los reglamentos buscan evitar conflictos de interés, como la participación de candidatos dentro de las directivas de las ONG o la difusión no autorizada de resultados preliminares antes de los cómputos oficiales del TSJE.
“Solamente hay una reglamentación en ese sentido, una resolución que ha emitido la Justicia Electoral a través del Tribunal Superior y se establecen ciertas reglas de participación. Por ejemplo, en el 2023 en las generales hubo una organización no gubernamental que quería dar a conocer resultados antes que la emisión de los resultados de la Justicia Electoral. Le dijimos que no se podía hacer ese tipo de cosas, está en el reglamento. También estaba una persona candidata en la nómina directiva de una ONG. Ese tipo de cosas es lo que se reglamenta. Nosotros no tenemos facultad de dictar leyes, pero sí de reglamentarlas”, indicó.
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Libertad de expresión
El representante del TSJE descartó rotundamente impulsar leyes o reglamentos para limitar o censurar comentarios negativos e impresiones críticas dirigidas a la institución en redes sociales, garantizando el derecho a la información consagrado en la Constitución.
La autoridad precisó que las menciones sobre restricción de comentarios vertidas por otros miembros del tribunal eran referencias comparativas a legislaciones internacionales y no propuestas legislativas locales.
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Jorge Bogarín reiteró que los plazos de veda y propaganda política digital están fijados en el cronograma legal. Cualquier cambio normativo sobre el sistema electoral, regulación en redes o propaganda requiere ser debatido y aprobado exclusivamente por el Congreso Nacional.