El caso de mega abigeato se produjo entre el 5, 6 y 7 de octubre de 2024, cuando una banda robó unos 300 vacas de la estancia Santa Ana de la colonia Cadete Pastor Pando, en el distrito de General Bruguez, departamento de Presidente Hayes, Chaco.
El establecimiento pertenece al ganadero Rubén Arrechea Molinas, quien llegó a ser presidente de la Regional General Bruguez de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y que en ese momento era justamente el presidente de la Comisión de Lucha contra el Abigeato y Control de Tráfico de Ganado (Colcat), también dependiente de la ARP.
Tras la denuncia del hecho, intervino en el caso el Departamento de Lucha Contra el Abigeato, que desarrolló una operación denominada Sequimur Vestigia.
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Durante esa investigación, fueron detenidas e imputadas al menos 23 personas que participaron en distintos momentos del ilícito, como en la toma de la estancia, la captura y el traslado de los animales y la venta de los vacunos en distintos establecimientos.
Los procesados fueron peones de estancia, policías, empleados de Colcat y hasta funcionarios de Senacsa, ya que se descubrió que incluso se falsificaron documentos oficiales para sacar los animales del Chaco.
Los animales fueron vendidos en mataderos de Limpio, en un establecimiento de Emboscada y en un centro de confinamiento de Yaguarón. La mayor parte de los animales ya no se recuperó.
Pese a que varios de los imputados fueron beneficiados con salidas procesales, dos de los cuatro policías detenidos inicialmente en esta causa llegaron a juicio oral.
Estos son los suboficiales Mariano Ariel González Riveros, de 40 años, y Fernán Javier Valenzuela, de 50 años, quienes gozan de medidas alternativas a la prisión, aunque estuvieron encerrados por un tiempo en la Agrupación Especializada.
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Mariano era personal del Departamento de Investigaciones de Presidente Hayes y dueño de los camiones usados para el traslado de los animales robados.
Fernán, en cambio, era justamente el jefe de uno de los puestos de control de Antiabigeato en esa zona del Chaco y habría dejado pasar deliberadamente los animales robados.
El fiscal de la causa es Irán Suárez Galeano. La querella está ejercida por Marlene Rolón, asesora jurídica de la ARP.
El juicio se lleva a cabo en la sede del Poder Judicial de Villa Hayes. El Tribunal de Sentencia está presidido por José Eugenio Jacquet Rivarola e integrado por Antonia Corina Sanabria Galeano y Gregorio Paciello Cantero.