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Ueno: Nicora confirma ingreso de escribana a exTacumbú y explica por qué pudo hacerlo

El ingreso de una escribana al penal de Tacumbú para formalizar un poder empresarial de Miguel Vázquez, procesado en la causa Ueno, generó cuestionamientos debido a las restricciones judiciales que pesan sobre el empresario. Ante las consultas, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó qué disposición habilita el acceso de profesionales a las penitenciarías y por qué considera que el procedimiento no representa ningún privilegio ni pone en riesgo la investigación penal.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que una escribana ingresó al Centro Nacional de Prevenidos (expenal de Tacumbú) para formalizar el poder general otorgado por el empresario Miguel Vázquez, en representación del Grupo Vázquez S.A., el pasado 6 de noviembre. El secretario de Estado defendió el procedimiento y sostuvo que el ingreso de escribanos y abogados a los establecimientos penitenciarios está contemplado en la ley.

“Efectivamente, la escribana se constituyó” para la firma del poder general, manifestó Nicora al ser consultado sobre el documento formalizado dentro del penal, donde Vázquez se encuentra recluido en el marco de la investigación por presuntas irregularidades financieras relacionadas con Ueno Bank.

El ministro explicó que sería irregular que un documento de estas características fuera enviado al establecimiento penitenciario para que el procesado lo firmara sin la presencia de la escribana. Según indicó, los internos deben otorgar sus poderes ante un notario público y este tipo de procedimientos se realiza habitualmente en las penitenciarías.

“El ingreso de un escribano o de un abogado está contemplado en la ley”, afirmó.

Lea más: Ueno: escribana ingresó a la ex Tacumbú para formalizar poder de Miguel Vázquez

Nicora dice que no hubo autorización especial ni privilegios

Consultado sobre si la escribana necesitó un permiso especial para ingresar y entrevistarse con Vázquez, Nicora explicó que la resolución judicial que dispuso la reclusión del empresario y de otros procesados en el exTacumbú estableció una restricción específica: la prohibición de mantener libre comunicación entre ellos.

En ese sentido, sostuvo que dicha disposición no impide que los internos reciban a sus abogados o a escribanos para realizar actuaciones contempladas en la legislación. Aclaró que los profesionales que ingresan deben estar plenamente identificados y registrados, y que no se trata de un acceso indiscriminado al establecimiento.

“Él puede comunicarse con abogados plenamente identificados y registrados. No es que en cualquier momento pueden ir a relacionarse con estas personas”, señaló.

El ministro insistió en que el Ministerio de Justicia no concedió privilegios al empresario, sino que facilitó el ejercicio de un derecho reconocido a las personas privadas de libertad. Aunque el trámite no correspondió a un cambio de abogado defensor en la causa penal, defendió igualmente el procedimiento.

“Nosotros aquí lo único que estamos disponiendo es facilitar el derecho de elegir a sus abogados. No hay ningún tipo de privilegios”, expresó.

Hombre de espaldas en camiseta gris y shorts oscuros, frente a una cama sencilla en una celda austera. Ambiente gris y blanco.
Miguel Vázquez es fotografiado de espaldas, parado en su pequeña celda en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).

El alcance del poder debe discutirse en la Justicia

Uno de los cuestionamientos sobre el documento es que no se trata de un poder otorgado exclusivamente para designar abogados que ejerzan la defensa penal de Vázquez, sino de un mandato general judicial y administrativo en representación del Grupo Vázquez S.A., empresa de la cual el procesado es presidente.

La escritura pública fue otorgada el 6 de noviembre y confiere facultades de representación a seis abogados, quienes pueden actuar de manera conjunta, separada o indistinta ante distintas instancias judiciales y administrativas. Entre las atribuciones figuran promover demandas, contestar acciones, solicitar medidas cautelares, gestionar inhibiciones y sus levantamientos, además de realizar otros actos judiciales y extrajudiciales.

Ante la consulta sobre la naturaleza empresarial del mandato y las facultades concedidas, Nicora sostuvo que el Ministerio de Justicia no tiene competencia para determinar la validez del documento ni el alcance de las atribuciones conferidas. “La veracidad y cuál es el alcance de los poderes, eso se dirime en el fuero judicial”, afirmó.

El ministro agregó que se cercioró de la actuación notarial y del tipo de documentos que fueron formalizados. Sin embargo, remarcó que la función de la institución a su cargo se limita a la custodia de las personas privadas de libertad y no a resolver las controversias jurídicas que puedan surgir a partir de los instrumentos otorgados.

Lea más: Caso Ueno: juez bloquea bienes de otras empresas vinculadas al Grupo Vázquez

Procedimiento no pone en riesgo la investigación

Otro de los cuestionamientos planteados fue si la formalización de un poder general en representación del Grupo Vázquez podría afectar la investigación penal o facilitar movimientos relacionados con el patrimonio de las empresas vinculadas al caso Ueno.

Al respecto, Nicora descartó que el procedimiento penitenciario pueda poner en peligro la causa. Sostuvo que el otorgamiento de este tipo de instrumentos constituye una actuación habitual y que permitirlo no implica interferir en las diligencias del Ministerio Público.

“Es imposible que se ponga en riesgo una investigación penal por otorgar este tipo de poderes que son estándar”, manifestó.

Blindaje judicial por parte del BCP

El secretario de Estado también hizo referencia a las medidas de control patrimonial relacionadas con la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP). En ese contexto, sostuvo que, como había señalado la directora del Registro Unificado Nacional (RUN), Lourdes González, los bienes se encuentran jurídicamente blindados.

Nicora hizo esta consideración en referencia a las restricciones y mecanismos de control comunicados a las instituciones registrales, aunque la validez y el alcance concreto del poder otorgado por Vázquez en representación del Grupo Vázquez S.A. deberán ser determinados en el ámbito judicial.

El ministro remarcó que el Ministerio de Justicia actúa como custodio de las personas privadas de libertad y que facilitar el acceso de profesionales para formalizar documentos no significa habilitar operaciones patrimoniales ni modificar las medidas cautelares dispuestas por los órganos judiciales.

Poder fue otorgado en medio de bloqueos patrimoniales

La escritura pública formalizada en Tacumbú corresponde al Poder General para Asuntos Judiciales y Administrativos, identificado como Escritura Pública N.º 232. Fue autorizada por la escribana María Teresa López de Aponte, titular del Registro Notarial N.º 637.

Miguel Vázquez compareció en su carácter de presidente de Grupo Vázquez Sociedad Anónima Emisora y otorgó mandato a seis abogados: Milner Alfonso Sosa Silva, Dulce María Sosa Silva, Willians Dante Justiniano, Ricardo Miguel Fernández Olmedo, Isamar Rossana Fariña Sosa y Mauricio Javier Ozuna Samudio.

El documento contempla amplias facultades de representación, entre ellas promover y contestar demandas, presentar escritos, desistir de acciones, solicitar embargos e inhibiciones y sus respectivos levantamientos, promover acciones de inconstitucionalidad y realizar gestiones ante autoridades judiciales y administrativas. También establece que el mandato no se entenderá revocado por la intervención directa de la parte mandante.

El instrumento fue formalizado un día después de que el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, ordenara la prisión preventiva del empresario y dispusiera medidas cautelares sobre sus bienes y cuentas bancarias. Posteriormente, el magistrado amplió las restricciones patrimoniales a otras 10 empresas vinculadas al Grupo Vázquez.

Mesa de madera con el libro '¿Cómo llegué hasta aquí?' de Christine Caine y otros objetos de lectura.
Se observa el libro de Christine Caine en la mesa de lectura de la celda de Miguel Vázuquez.

Más medidas de control

A estos controles se suman los requerimientos de la Fiscalía al Registro Unificado Nacional para obtener información sobre los bienes de 51 personas físicas y jurídicas relacionadas con la investigación y recibir comunicación sobre cualquier movimiento registral que las involucre.

Lea más: Exdirectivos de Ueno Bank ya están en la ex-Tacumbú

La directora del RUN, Lourdes González, informó además que fueron identificados más de 800 inmuebles y 160 vehículos registrados a nombre de personas y empresas vinculadas al caso, cifras que podrían aumentar con el ingreso de nuevas notificaciones judiciales de inhibición.

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