Expertos defienden protocolo anticontrabando de tabaco y advierten de lavado ligado a cigarrillos

“El comercio ilícito de cigarrillos genera una cantidad importantísima de lavado de activos”, alertó Alejandro Ramos, uno de los experto que expuso hoy en conversatorio organizado por el Frente Parlamentario contra la Corrupción de Diputados sobre el “Protocolo para eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, que debe ser estudiado próximamente en Cámara Baja.

La diputada Kattya González (PEN) y su colega Jorge Ávalos Mariño (PLRA) presidieron hoy el conversatorio.
La diputada Kattya González (PEN) y su colega Jorge Ávalos Mariño (PLRA) presidieron hoy el conversatorio.Foto Gentileza

Alejandro Ramos, consultor independiente e investigador en impuesto al tabaco y que además fue asesor particular del Banco Mundial y otras instituciones de renombre, destacó los principales puntos que pretende establecer este protocolo. De paso, refutó algunos argumentos recurrentes de las tabacaleras.

Ramos dijo que por ejemplo, el artículo 6º establece controles a toda la cadena de producción de tabaco, llegando a plantear incluso licencias para la producción, importación y exportación como mecanismo de control.

También valoró positivamente el artículo 7º del protocolo, que hace énfasis “en la diligencia debida como punto central”, destacando que las tabacaleras ya no se pueden desentender de que sus productos terminan en el mercado ilícito, una vez que salen de sus instalaciones.

“Es decir que debe identificar completamente al comprador o al vendedor, tener todos los elementos disponibles para las autoridades para que se pueda controlar y se pueda hacer un seguimiento de esas operaciones comerciales”, afirmó Ramos.

Sobre este punto también opinó Roberto Magno Iglesias, consultor en impuestos al tabaco, especialista sobre comercio ilícito de cigarrillos y doctor en Economía de Oxford, que comentó que los argumentos que esgrimen las tabacaleras locales, se basan en un libreto común de la industria.

“Básicamente en la experiencia internacional había dos problemas, por un lugar la subdeclaración de la producción y que permitía que esa producción no declarada se destinase al mercado ilícito, (...) y por otro lado el mecanismo donde dicen: ‘Ah no, yo no hice comercio ilícito. Yo vendí al primer distribuidor y yo no sé lo que él hizo, yo no tengo ninguna responsabilidad sobre el primer distribuidor, es problema de él”, comentó.

Magno Iglesias recordó que dicho discurso no es extraño para nuestro país, ya que anteriormente se utilizaba a la inversa, cuando tabacaleras brasileñas ingresaban ilegalmente tabaco a Paraguay para contrabandearlo desde aquí. Recordó que cada vez caía un cargamento decían que eran “falsificados”. Pues precisamente, todo eso busca evitar este protocolo.

Ambos expertos explicaron que precisamente por esto se pretende establecer mecanismo de trazabilidad, no solo de cada cajetilla, sino también de las operaciones financieras.

En primer lugar, el paquete de cigarrillos tiene que estar con algún tipo de marca para que el productor cuando sea encontrado, no pueda alegar que es un cigarrillo producido por otros, falsificado, etc., y en segundo lugar la obligación de controlar la cadena de distribución con la diligencia debida”, apuntó Magno Iglesias.

Cantidad importantísima de lavado de activos

Ramos destacó que el 10º artículo del protocolo busca “asegurar que todas las transacciones financieras y pagos están suscritos a ciertas condiciones y garantizar que toda contravención sea objeto de los procedimientos penales, civiles o administrativos apropiados”. En pocas palabras se busca evitar el lavado de dinero, ya que recordó que “todo comercio ilícito está asociado al lavado de dinero” y el contrabando de tabaco no es la excepción.

El comercio ilícito de cigarrillos genera una enorme cantidad importantísima de lavado de activos”, insistió Ramos.

“En Paraguay se busca una regulación para la formalización de las industrias, porque la contracara de la informalidad ustedes la conocen mejor que yo, es la circulación de dinero no declarado y la financiación de actividades complicadas y con impactos muy negativos para la sociedad”, apuntó por su parte Magno Iglesias.

Este último incluso realizó estudios en Brasil, principal mercado de los cigarrillos ilegales paraguayos, y se determinó que “el 99% de los productos ilegales son paraguayos de tres empresas básicamente: Tabacalera del Este, Orión y de Tabacalera Hernandarias”.

Mito de los “mayores aportantes”

Ramós también desmitificó parte del libreto recurrente de las tabacaleras, que es que normalmente están entre los principales aportantes de impuestos del país.

“El argumento que plantea sobre su aporte, en realidad no es su aporte, el aporte es de los fumadores paraguayos que pagan sus impuestos al comprar los cigarrillos”, dijo y recordó además, que “Paraguay es posiblemente el que tiene el cigarrillo más barato del mundo”, por sus bajos impuesto.

Magno Iglesia propuso a las empresas tabacaleras paraguayas y al Gobierno optar por legalizar su industria, ya que el protocolo no busca atacar a la industria, sino fomentar la formalización.

“El protocolo va a servir para dos cuestiones importantes. Primero, un compromiso de Paraguay con las reglas internacionales y segundo, se espera que Paraguay aplique los mejores procedimientos para la producción local y con ello puede negociar salidas formales a sus productos, a sus cigarrillos”, dijo.

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