Se trata de los contratistas Óscar Morel Oses y Óscar Laureano Gaete Gómez, quienes fueron imputados el 1 de noviembre de 2021 como cómplices de los hechos de lesión de confianza y declaración falsa, así como también en carácter de coautor de asociación criminal, en la causa investigada por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción que involucra a la Gobernación de Central, referente a la supuesta mala ejecución de US$ 1 millón (G. 6.382 millones) del fondo covid-19, en cuya rendición de cuentas aparecen facturas clonadas, facturas reemplazadas, obras que aparentemente fueron pagadas dos veces, entre otras innumerables irregularidades.
Según la hipótesis de los fiscales de la causa Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Luis Said, los contratistas Óscar Morel Oses y Óscar Laureano Gaete Gómez habrían prestado sus facturas para reemplazar otras. Luego de las investigaciones realizadas, finalmente los agentes del Ministerio Público solicitaron para ambos procesados la suspensión condicional del procedimiento y como regla de conducta ofrecieron reparar el daño, por un lado, particular, a favor de la Gobernación del departamento Central y, otra, social, a una institución pública de Central.
En este contexto, el pasado jueves se llevó a cabo la audiencia en el Juzgado de San Lorenzo ante la magistrada del caso María Elena Cañete, quien se allanó a lo solicitado por la Fiscalía de Delitos Económicos, no así a lo pedido por la defensa de ambos imputados. Los procesados obtuvieron de esta manera la suspensión condicional por el plazo de un año.
Óscar Laureano Gaete depositó en una cuenta de la Gobernación de Central la suma de G. 78.869.700 y también depositó en la cuenta del Hospital de Clínicas el monto de G. 15.773.940, como parte de la reparación del daño causado de su parte.
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Por otro lado, a Óscar Morel Oses se le atribuye el perjuicio ocasionado de G. 172.809.553. Depositó G. 130.000.000 a la cuenta de la Gobernación y tiene 30 días para depositar el monto restante. Además depositó G. 30.000.000 a la cuenta del Hospital de Clínicas como resarcimiento social.
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Desde el Juzgado manifestaron que tanto Gaete como Morel Oses aceptaron la responsabilidad que se les atribuye. Ambas defensas plantearon otras salidas como extinción de la acción penal por reparación del daño y criterio de oportunidad por reproche reducido, pero fueron rechazados por la jueza María Elena Cañete, por improcedente.
Existía un esquema para delinquir
El fiscal Rodrigo Estigarribia justificó la decisión del Ministerio Público y dijo que ambos procesados admitieron la participación en los hechos señalados en el acta de imputación, así como la existencia de un esquema creado para causar perjuicio. Agregó además que los dos imputados se comprometieron a reparar el perjuicio por más de G. 200 millones, valor equivalente a dos obras hechas por los contratistas Morel Oses y Gaete Gómez.
El agente detalló que según el testimonio de Morel Oses y Gaete, ambos afirmaron que los contratos de la ejecución de los proyectos fueron firmados recién en junio de 2021, luego del escándalo.
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Según documentos a los que ABC accedió, las obras fueron hechas, presuntamente, entre enero y febrero de 2021. Estigarribia dijo también de acuerdo al testimonio de los procesados las facturas fueron confeccionadas posterior al pago por dichas obras, en el mes de junio de 2021, coincidentemente luego de las primeras publicaciones hechas (3 de junio de 2021).
“Los contratos fueron elaborados después, en junio. Ya cobraron la plata y luego hicieron las facturas. Con esto se confirma la hipótesis del Ministerio Público”, aseguró Estigarribia.
El fiscal de la Unidad Especializada prefirió manejar con moderación otros detalles admitidos por los procesados que obtuvieron la suspensión condicional. Aseguró que la investigación prosigue dentro de los plazos establecidos.
Por último, destacó que aguarda el informe final de los peritos, una documental y otra arquitectónica, para luego presentar el requerimiento conclusivo. El plazo extraordinario de seis meses solicitado por el Ministerio Público para presentar dicho requerimiento se cumple en noviembre de este año.