“Es hora de poner freno a los abusos desde el poder contra la prensa”

Usan el derecho penal para amedrentar, para provocar autocensura, para quebrar a la prensa. Es hora de poner freno a ese historial de abusos desde el poder, expresa el experto Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA). En esta entrevista analiza la nueva agresión que enfrenta este diario en los tribunales por querellas entabladas por la exdirectora de Tributación Marta González Ayala en la administración del expresidente Horacio Cartes.

Ezequiel Santagada, abogado, profesor universitario, especialista en justicia constitucional y DD.HH. Director ejecutivo de IDEA, Instituto de Derecho y Economía Ambiental.
Ezequiel Santagada, abogado, profesor universitario, especialista en justicia constitucional y DD.HH. Director ejecutivo de IDEA, Instituto de Derecho y Economía Ambiental.gentileza

–¿Es concebible que en pleno goce de libertades públicas, en el Paraguay se siga convocando a los tribunales a periodistas que publican irregularidades en la administración del Estado?

No se termina de entender que sin la más plena libertad de expresión no hay régimen democrático posible. Los estados democráticos son espacios abiertos para el pluralismo. La expresión “democracia” evoca principios y valores tales como libertad, igualdad, transparencia y rendición de cuentas. Sin una adecuada protección de estos principios y valores no es posible hablar de una sociedad democrática. La vieja jurisprudencia europea en materia de protección de la libertad de prensa sostenía que esta era la piedra de toque para determinar la naturaleza democrática o no de un sistema jurídico. Usaba una expresión muy gráfica: el canario en la mina de carbón.

–¿Qué significa?

Cuando el canario moría (por falta de oxígeno) era el aviso más serio de la catástrofe por venir. En este sentido, lastimosamente, nuestros jueces no terminan de entender (o no quieren entender) que deberían desestimar in limine, de entrada, las querellas en las que funcionarios o exfuncionarios pretenden usar el derecho penal cuando se los cuestiona por hechos acaecidos en el ejercicio de sus funciones. Al respecto, es unánime y a esta altura profusa la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

–En la época de Stroessner eran convocados por el ministro del Interior o el jefe de Investigaciones. Aquí, ahora son jueces y fiscales con alguna deuda con el mandamás de turno... Se usa la justicia como garrote...

Se usa la justicia como garrote porque en la mayoría de los casos aún la justicia se deja usar como tal. Una justicia realmente independiente que, con la Constitución y la ley como herramientas, le ponga freno a los abusos del poder político es la principal tarea pendiente si queremos considerarnos una democracia plena. Hay algunas señales positivas, como cuando la Corte en 2020 frenó enérgicamente el intento de un grupo significativo de diputados para evitar que saliera la resolución que hizo públicas las declaraciones juradas de funcionarios. Sin embargo, son casos aislados, muchos jueces aún temen cuando gente con poder político es parte en un litigio ante ellos.

–Todos saben en este país la potencial inclinación hacia la corrupción de los funcionarios. Lo llamativo es que algunos magistrados en el fondo los defienden al convocar a los tribunales a periodistas que solo cumplen su rol social...

Que tenemos una justicia que se deja influenciar por el poder político y económico es uno de los hechos trágicos que impiden que Paraguay tenga mejor imagen internacional y pueda atraer más inversiones. El mismo día en que el gobierno de Estados Unidos hacía la famosa “designación” (acusación contra el expresidente Horacio Cartes), nos enterábamos de que el país estaba a un peldaño del grado de inversión. ¿Por qué no lo alcanzamos? Por “riesgos de gobernanza”, dice Moody’s. Son “relativamente débiles los derechos de participación en el proceso político; baja capacidad institucional, aplicación desigual de la ley y altos niveles de corrupción”, dice Fitch. Así nos ven y así es como la corrupción condiciona nuestro crecimiento.

–Es evidente el propósito de silenciar a los que se atreven a mostrar sus trapisondas.

La corrupción necesita de la impunidad para perpetuarse. Corrupción va a haber siempre pero si se acaba con la impunidad, descenderá a niveles, digamos, “normales”. De ahí la compulsión de los corruptos por copar con sus leales las instituciones. Es el cáncer por extirpar.

–En países autoritarios como Venezuela, Cuba y Nicaragua es casi normal el cierre de medios, el enjuiciamiento sumario y el apresamiento de los periodistas que no cantan la cantinela del Gobierno. ¿Por qué Paraguay no se puede sacudir de esos bolsones autoritarios?

Porque todavía tenemos sectores en la justicia que siguen sumisos. Algunos jueces temen represalias. El recuerdo de los métodos de los González Daher está fresco. Los que tienen algún tipo de compromiso con los poderosos los obligan a entablar procesos contra los que molestan, a los que “meten sus narices donde no deben”.

–Se somete a los periodistas a un interrogatorio infernal, a prolongados juicios, como un azote por su osadía de publicar denuncias, en vez de apoyar...

Técnicamente, eso se llama censura indirecta. Usan el derecho penal para amedrentar, para quebrar. El proceso es costoso, desgastante, humillante. Usan el derecho penal para provocar autocensura en el querellado y en sus colegas, para quebrarlos moralmente.

–No valen ni las sentencias de los tribunales internacionales...

La Corte Interamericana ha dicho (lee) que “en el caso de un discurso protegido por su interés público, como son los referidos a conductas de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente para proteger el honor del funcionario”.

–Es muy claro. “La luz del sol es el mejor desinfectante”, decía un ministro de la Corte Suprema de Estados Unidos (Louis Brandeis) para que los magistrados tuvieran presente la transparencia en sus fallos.

- Como dije, la expresión “democracia” evoca principios y valores tales como libertad, igualdad, transparencia y rendición de cuentas. Lo opaco, lo oscuro, lo que se hace tras bambalinas, es la antítesis de la democracia. Un autoritario odia la ley, solo quiere imponer su voluntad.

- La reacción de muchos funcionarios es como la de los vampiros cuando se les abre la cortina. Viene a cuento esta reflexión por el juicio que enfrenta nuevamente este diario por ventilar irregularidades.

El juicio que enfrenta la directora y un periodista de su diario es uno de tres procesos que están en marcha. Hace horas me enteré de que el segundo juicio promovido por la exviceministra de Tributación empezará en los primeros días de septiembre. Esto es, no habrá terminado este juicio o apenas habrán pasado unas pocas horas de terminado, y estará empezando otro.

–Un vulgar apriete...

Esto no es casualidad, es la más burda utilización del Poder Judicial para amedrentar. Literalmente, lo están haciendo pasear por los tribunales.

–Está todavía la querella que promovió el exsenador Dionisio Amarilla (PLRA), por sentirse ofendido por la publicación de hechos que terminaron costándole la senaduría...

Los pares de este senador consideraron que no podía seguir siendo senador, pero el periodista va a juicio porque el exsenador se siente ofendido. ¡Inaudito!

–Hoy tenemos por lo menos un fallo que refleja la podredumbre del sistema, el caso RGD (Ramón González Daher) condenado a 15 años. Si no había libertad de prensa, jamás se le hubiera sacado de circulación...

Sin libertad de expresión y de prensa aún seguirían vigentes los González Daher y otros tantos legisladores que perdieron su investidura; y no estarían procesados o condenados otros. En la lista, hay diputados, senadores, gobernadores, intendentes, exministros, un exfiscal general (Javier Díaz Verón), un expresidente del Indert (Justo Cárdenas), otro de Indi; y otros tantos corruptos. Y lo más importante, si la prensa no hubiera estado detrás de esos casos jamás hubieran sido procesados o condenados.

–El garrote tradicional para disuadir es el juicio por difamación, calumnia o injuria. Cuántas querellas ya entablaron contra este diario.

Tal cual. Y lo notable es que existen las herramientas jurídicas para frenar estos atropellos. No puedo concebir que los jueces desconozcan los casos más relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tratan sobre el asunto. Y los jueces, según jurisprudencia de nuestra propia Corte Suprema de Justicia, deben hacer control de convencionalidad...

–¿Qué es?

Que deben analizar la jurisprudencia de la Corte IDH y estudiar su compatibilidad con nuestro sistema constitucional y, en caso positivo, aplicar esa doctrina. Y la doctrina es clarísima: en casos referidos a conductas de funcionarios en el ejercicio de sus funciones no se puede usar el derecho penal; solo el derecho civil.

–Se discute mucho sobre las leyes del derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre, la imagen, ¿acaso eso no evita que uno critique abiertamente la actuación personal o institucional de ciertas personas?

El umbral de protección al honor y a la privacidad de los funcionarios es menor que el que tienen las personas que no trabajan en el Estado. Y cuanto mayor es la responsabilidad, menor protección al honor y menor ámbito de privacidad.

–La exviceministra de Tributación (Marta González) se sintió ofendida en su honor. Ella estaba expuesta a las críticas como funcionaria...

Está sometida a las críticas por todo lo realizado en el ejercicio de sus funciones. Tanto ella como cualquier funcionario actual o pasado. Más aún, no solo está sometida a la crítica “políticamente correcta” o educada, está sometida a la crítica chocante, irritante, hasta hiriente si se quiere. La democracia requiere de un debate vibrante y sin frenos. Si uno va a autolimitarse en la discusión de asuntos públicos por miedo a represalias penales, la democracia se resiente. Y esto es jurisprudencia pacífica de las más altas cortes del mundo democrático y, obviamente, de la Corte IDH y del Tribunal Europeo de DDHH.

–¿Un eventual fallo no debe preservar acaso el derecho de los medios de resguardar sus fuentes cuando lo investigado es de interés general?

El secreto de las fuentes es un derecho de raigambre constitucional y fundamental para garantizar el ejercicio del periodismo. Y la más amplia libertad de expresión para debatir, cuestionar, indagar sobre asuntos de interés público también; y eso es lo que está en juego en las nefastas querellas contra ABC.

–Los acontecimientos que se produjeron este año, se supone deben servir a los jueces para enderezar sus fallos: el caso RGD, el caso A Ultranza Py, el asesinato de (fiscal) Marcelo Pecci... Algo se tiene que corregir...

El Poder Judicial debe estar a la altura del momento histórico que vivimos y no dar más impunidad a los corruptos. Ojalá una mayoría de los ministros de la Corte tengan ese sentido de trascendencia histórica para enderezar el camino y mejorar la reputación de las instituciones.

–En contradicción con este panorama, Paraguay recibió el apoyo de Gafilat (Grupo de Acción Financiera Latinoamericana). Están volviendo autoridades norteamericanas, figuramos entre los más atractivos para la inversión... ¿Cómo ve al futuro?

El futuro del país puede ser brillante. Si Paraguay alcanza el grado de inversión vendrá muchísima inversión extranjera que se traducirá en más crecimiento, más trabajo; en suma, más calidad de vida para todos. Tenemos que dejar definitivamente esa reputación de republiqueta.

–Es sorprendente pero lo primero que hacen los autoritarios cuando llegan al poder es atacar a la prensa. Cuando hacen campaña electoral se muestran como corderitos...

La prensa les molesta porque los obliga a dar explicaciones, porque los controla, porque los cuestiona, porque hasta a veces les arruina sus “negocios” a costa del dinero del pueblo. Por eso la atacan.

–ABC cumple mañana 55 años, un largo historial de persecución, clausura en la dictadura, de persecución sistemática en la democracia, con decenas de querellas encima, casi todas capeadas, una sola a favor de Galaverna cuando reinaba aquel régimen de hecho, que se instaló y saqueó al Estado entre el 99 y el 2003...

Es hora de poner freno a ese historial de abusos desde el poder. Y para eso es necesario que entendamos como sociedad que sin libertad de expresión y de prensa no hay democracia y, como ya se mencionó, tampoco habrá crecimiento económico, porque sin estas libertades no se podrá poner freno a la impunidad, que es la mayor limitante para tener grado de inversión y un futuro con prosperidad. En esta querella contra la directora de ABC (Natalia Zuccolillo) y uno de sus periodistas (Juan Carlos Lezcano) se planteó una excepción de inconstitucionalidad para que la Corte Suprema de Justicia decida si en casos referidos a conductas de funcionarios en el ejercicio de sus funciones se puede usar o no el derecho penal. De la decisión que tome la Corte depende el futuro de la libertad de expresión y, por ende, de nuestra democracia.

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