Imputación desnudó cómo operaban Hugo Javier y oenegés para embolsarse el dinero público

AREGUÁ. Cinco Oenegés fueron beneficiadas durante los años 2019 y 2020, recibiendo millonarias transferencias hechas por la administración del exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre (ANR cartista). Se sospecha que el perjuicio sería de unos G. 18.300 millones. En la rendición de cuentas aparecen supuestos pagos por obras y servicios inexistentes, según la imputación. Las organizaciones “sin fines de lucro” y proveedores forman parte del esquema delictivo creado desde la institución departamental, aparentemente.

Exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre (Izq.) y el exmandatario Horacio Cartes.
Exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre (Izq.) y el exmandatario Horacio Cartes.

Un total de 49 personas, incluyendo al exgobernador del departamento Central, el cartista Hugo Javier González Alegre, fueron imputadas por el fiscal Juan Ledesma, el pasado 26 de septiembre, por presunta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y apropiación.

El agente del Ministerio Público solicitó arresto para Hugo Javier, presidentes, tesoreros y contadores de las oenegés y exfuncionarios de la Gobernación. Mientras que pidió medidas alternativas para los presuntos prestadores de servicios.

Hasta la fecha no se llevó a cabo ninguna audiencia de imposición de medidas debido a las primeras chicanas planteadas por las defensas de algunos procesados.

La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción tiene seis meses de tiempo para presentar su requerimiento conclusivo respecto a cada uno de los imputados.

Desembolsos irregulares por administración de Hugo Javier

En esta etapa incipiente de la investigación, el fiscal Juan Ledesma manifestó que analizaron los documentos relacionados al desembolso de G. 24.000 millones realizados durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020.

El agente afirmó que más de G. 18.300 millones no tienen respaldo documental y habrían sido desviados a través de un “esquema delictivo” creado desde la Gobernación, conformado por el propio exgobernador González Alegre y otras 48 personas.

Asimismo, fueron beneficiados con las millonarias trasferencias el Consejo Regional de Salud de Central con G. 11.231 millones, el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) con G. 7.261 millones, Asociación Plantemos Conciencia con G. 4.359 millones, Centro Nacional de Organizaciones Populares con G. 905 millones y Asociación Ecodesarrollo con G. 666 millones.

Según evidencias incautadas, más de G. 828 millones corresponden a facturas presumiblemente clonadas. Más de G. 14.203 millones corresponden a facturas emitidas en concepto de bienes y/o servicios presumiblemente no proveídas ni prestadas. Y más de G. 3.352 millones supuestamente ejecutados no tienen respaldo documental.

ONG se quedaron con el dinero

La Fiscalía sospecha que Esteban Álvarez Quevedo y Juan Vicente Caballero Villalba, presidente y tesorero respectivamente de la Asociación Plantemos Conciencia; Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo y Paulino de los Santos Palacios Recalde, presidente y tesorero respectivamente de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP); Cirilo Daniel Darmanas Flores, presidente del Consejo Regional de Salud de Central (hasta el mes de junio 2020); Hugo Javier Cabrera Guerrero, presidente del Consejo Regional de Salud (desde el mes de junio 2020) y Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo, tesorero del Consejo Regional de Salud, Antonio Ramón Fariña Villalba e Israel Espínola Ferreira, presidente y tesorero respectivamente del Centro Nacional de Organizaciones Populares; Blas Vicente Oddone Céspedes y Gloria María Barrios Martínez, presidente y tesorera respectivamente de la Asociación Eco Desarrollo para la Promoción del Desarrollo Sostenible con Energías Renovables, tenían conocimiento de dicho esquema.

Consecuentemente colaboraron al presentar ante la Gobernación de Central, varios proyectos solicitando aportes económicos, posibilitando el inicio de los procesos administrativos tendientes a lograr la autorización de transferencia.

“Asimismo, una vez autorizadas las transferencias, a pesar de que no habrían cumplido con los requisitos exigidos, los mismos efectivizaron los cheques, retirando sumas considerables de dinero en efectivo”, dice el acta de imputación.

Se agrega además que “las autoridades de las entidades beneficiadas, luego de efectivizar los cheques, no habrían utilizado dichos fondos para la ejecución de los proyectos y se habrían quedado con dichas sumas de dinero, en detrimento patrimonial de la Gobernación del departamento Central”.

Facturas presuntamente falsas

Las evidencias colectadas sugieren además que este esquema delictivo no solo habría posibilitado desviar fondos públicos, a través de los desembolsos indebidos, sino también se habría causado un perjuicio patrimonial a la Gobernación de Central, y que para respaldar las rendiciones de cuentas, habrían empleado las siguientes modalidades.

Utilización de 23 facturas presumiblemente falsas, como respaldo documental de las rendiciones de cuenta. Las mismas no habrían sido emitidas por los supuestos proveedores, el monto total de las facturas asciende a la suma de G. 828.650.000. Además, los bienes y/o servicios consignados corresponderían a operaciones inexistentes.

Utilización de 141 facturas que contendrían ideas que no se corresponderían con la realidad. Es decir, los bienes y/o servicios descriptos en el concepto de las mismas, no habrían sido proporcionados.

Corresponderían a operaciones inexistentes, obtenidas a raíz de la colaboración brindada por parte de los supuestos proveedores a la estructura delictiva, el monto total de las facturas asciende a la suma de G. 14.203.585.245.

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