Este proyecto para castigar a los corruptos, presentado por el diputado Jorge Brítez (Independiente), había sido relegado, ya que se había trabajado otro por parte de la diputada Rocío Vallejo (PPQ) en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que finalmente fue aprobado en la Cámara Baja.
Sin embargo, el proyecto de Vallejo sufrió modificaciones en el Senado que desvirtuaron la intención de la ley, llegando incluso a reducir o dejar tal como están las penas actualmente establecidas para casos de corrupción. Dicho proyecto está pendiente de su segundo análisis en Cámara Baja.
El proyecto de Brítez plantea, por ejemplo, aumentar hasta 15 años la pena para delitos como “lesión de confianza” o el de “Cohecho pasivo agravado (coima)”, cuando sea cometido por un funcionario en ejercicio.
Igualmente, se plantean penas de hasta 8 años de prisión para el que ofreciera o pagase sobornos.
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Respecto a este proyecto, la Comisión de Asuntos Constitucionales había recomendado que sea derivado a la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, aunque dicha comisión había solicitado frenar los cambios al Código Penal, a fin de evitar un mayor desorden.