Protegida del clan Fretes culpa a uno de sus miembros de su imputación

La abogada Ana Mora de Ramírez y su hijo Oscar Fabian Ramírez Mora, miembros de un esquema protegido por el clan Fretes, fueron imputados por los supuestos hechos de producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

Junto a ellos también fue imputado el oficial de justicia, Ricardo Gamarra Benítez, de acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso ABC Color.

De acuerdo al acta de imputación, los documentos supuestamente falsificados fueron utilizados para el ingreso a los inmuebles de una valiosa mina de oro ubicada en Paso Yobai.

Mora y su hijo aparecen ligados a varios escándalos millonarios que tuvieron lugar en los últimos años, actuando siempre de forma cercana con Blas Velázquez Fernández, exsíndico de quiebras, y la esposa de éste, la jueza Clara Isasi, ambos protegidos del ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes.

”Asdrúbal está detrás”, gritó la abogada Mora

Mora y Ramírez intentaron ayer amedrentar a una comitiva encabezada por el fiscal José Núñez, que llegó hasta el predio de la mina en el marco de otra causa en la que fueron denunciados la abogada y su hijo por invasión de inmuebles.

El agente fiscal realizó el procedimiento a fin de constatar la situación del valioso inmueble que se encuentra en de poder de Mora, quien asegura ser la “depositaria judicial” basándose en el documento que habría sido falsificado y por el que ya se encuentra imputada.

“Yo soy la única autoridad acá. El fiscal no tiene ninguna atribución acá”, gritaba Mora de forma insistente.

Al notar la presencia del corresponsal de nuestro diario, Mora comenzó a gritar que Asdrúbal Fretes, hijo del ministro Antonio Fretes, era el responsable del allanamiento.

“Asdrúbal Fretes está detrás de esto”, dijo a los gritos Mora mientras decía que los dueños originales debían irse presos. “Catorce millones de dólares con Claudio Vera Larroza, yerno del exministro Víctor Núñez”, afirmó.

Historia de larga data

Esta historia comenzó en 2011. En ese entonces, ciudadanos extranjeros llegaron a Paraguay para iniciar el proceso de una mina de oro en Paso Yobái.

Los extranjeros adquirieron un inmueble de 254 hectáreas. En 2014, ante los problemas en la mina por conflictos con buscadores de oro locales, los inversores extranjeros acudieron a la intermediación del entonces viceministro de Minas, Emilio Buongermini, quien contacta a los inversores con alguien de peso en el gobierno: Eduardo Heisecke Mazó.

Heisecke Mazó es socio comercial de Juan Carlos López Moreira, gerente del Grupo Cartes y exjefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República durante el gobierno de Horacio Cartes.

Heisecke Mazó presentó a los extranjeros con los abogados Ana Mora, el hijo de esta, Óscar Fabián Ramírez Mora, y con el síndico de Quiebras Blas Velázquez Fernández, protegido de Antonio Fretes, ministro de la Corte Suprema. Todo esto fue relatado en una denuncia presentada ante la Embajada de los Estados Unidos en agosto pasado.

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Un año después ya se había armado toda una maraña judicial y Mora consiguió que la esposa de Velázquez, la jueza Clara Isasi, le otorgara regulación de honorarios por US$ 2 millones.

La empresa del diputado Éver Noguera

Finalmente, en 2016 los inversionistas tuvieron que firmar un contrato por el cual cedían durante cinco años la explotación de Minas Paraguay a Mora y su hijo.

Fue así que el 3 de noviembre de 2016 se firmó un contrato de prestación de servicios entre las firmas Fair Trade Acquisitions Corp y Minas Paraguay SA por una parte, y por la otra, la firma Itapoty.

Itapoty SA es propiedad del imputado diputado colorado oficialista Éver Noguera, originario del Guairá. Esto consta en sus propias declaraciones juradas de bienes y renta presentadas ante la Contraloría General de la República.

El 60% de lo explotado debía ser para Itapoty SA y el 40% debía ser para Fair Trade Acquisitions Corp. Solo que ese monto debía ser entregado íntegramente a Ana Mora y Óscar Ramírez Mora hasta cubrir los dos millones de dólares que exigían.

No contentos con este contrato, Mora y su hijo obligaron a los extranjeros a firmar una hipoteca sobre todo el inmueble de la mina, con base en lo cual se daría una nueva parte de la pesadilla.

Con la hipoteca, una nueva parte de la pesadilla. Itapoty supuestamente explotaría la mina, cosa que nunca cumplió. Y con ese incumplimiento, Mora y Ramírez iniciaron un juicio de ejecución hipotecaria contra los inversores extranjeros, proceso en el que perdieron en primera instancia.

Mientras traban la sentencia en segunda instancia de la ejecución hipotecaria, Mora y Ramírez Mora invadieron los inmuebles que conforman Minas Paraguay en Paso Yobai. A la par, presentaron incluso denuncias por supuestos delitos ambientales contra el ingeniero Juan Urrustarazu, socio de los inversores extranjeros y uno de los encargados técnicos.

A pesar de que perdieron en primera instancia, Mora y su hijo utilizaron esos documentos para atropellar el predio de la mina hace unos meses, hasta con acompañamiento de efectivos de una subcomisaría local, según consta en el acta de la denuncia ante Fiscalía.

Para dar cierta validez al hecho, mientras ya ingresaban al predio, presentaron pedidos ante un juez de Villarrica para ingresar, según indica la documentación.

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La abogada y su hijo llegaron incluso a amenazar a una comitiva encabezada por la fiscal María Unger, quien atendía originalmente la denuncia por invasión de inmuebles que pesa en contra de ambos en un primer allanamiento realizado ya el año pasado.

Paraliza caso 31M

Ana Mora de Ramírez también es la principal responsable de que la causa por el asesinato del joven Rodrigo Quintana no avance, denunciaron los familiares del dirigente liberal. La abogada y su hijo pretendieron excluir a los padres de Rodrigo de la causa, además presentaron más de 40 recursos dilatorios