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“Fundación Quiindy - Flor del Lago Ypoa”, se llama la oenegé fundada por el investigado exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes.
Junto a él aparecen varios de sus protegidos como fundadores y miembros de la comisión directiva del ente. Entre ellos figura el exsíndico de quiebras, Blas Velázquez Fernández; y la esposa de éste, la jueza Clara Isasi de Velázquez, ambos miembros de un esquema denunciado por el despojo de inmuebles y empresas que contaba con la protección de Fretes.
La fundación del ministro
De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso ABC Color, la Fundación Quiindy fue constituida el 1 de julio de 2002.
Al menos así consta en la transcripción realizada por la escribana Ligia Blanca Rodríguez de Benítez.
La reunión de constitución se realizó en Quiindy, ciudad natal de Fretes. El encuentro inició, según dejaron asentado, a las 09:00.
El primer nombre asentado de entre los asistentes fue precisamente el del “Prof. Dr. Antonio Fretes”. Para ese entonces, el mismo llevaba ya varios meses como ministro de la máxima instancia judicial.
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Fretes ingresó a la Corte el 25 de noviembre de 2001 y la fundación se constitución en julio de 2002.
El segundo de los asistentes fue Blas Manuel Velázquez Fernández, síndico de quiebras protegido por Fretes al que nombraron como el primer presidente de la Fundación.
Otra de las “fundadoras” fue Clara Isasi de Velázquez, esposa de Velázquez Fernández, y actualmente magistrada del Tribunal de Apelación Civil de Misiones.
“Deporte y cultura”
Como supuestos objetivos fundacionales, establecieron “el desarrollo de actividades deportivas, culturales, sociales, educativas, turísticas, ambientales y la canalización y prestación de servicios comunitarios”.
Además, declararon que el capital fundacional era de apenas G. 100.000.
Los documentos revelan además que la fundación tenía potestad para adquirir bienes y hasta recibir fondos estatales y privados
Investigados
Velázquez e Isasi son miembros de un esquema protegido por Fretes y al que vinculan con varios despojos. Varias veces intentaron desmarcarse, pero la Fundación Quiindy es la confirmación de un vínculo de más de 20 años con el otrora todopoderoso ministro de la Corte Suprema.
Velázquez fue síndico de quiebras durante una década, dependencia que estaba bajo control directo de Fretes.
Según su propia declaración jurada de bienes, estando apenas tres años como síndico de Quiebras, aumentó su patrimonio en 1.300%.
El exsíndico, ligado a un par de casos de supuestos despojos millonarios en los últimos años, presentó su primera Declaración Jurada de Bienes ante la Contraloría en el año 2016. En ese entonces, su patrimonio neto era de G. 63 millones.
Velázquez era dueño de una modesta casa en Fernando de la Mora, al menos según la descripción y los valores que él mismo hizo constar, pues tasó el inmueble con su construcción en G. 63 millones.
Además, dijo poseer dos camionetas Mercedes Benz ML 320 ya antiguas y mobiliario por G. 50 millones. No tenía cuentas. Aun así, Velázquez hizo constar en su declaración jurada que su patrimonio neto era igual al precio de su casa, es decir G. 63.335.200.
La última declaración jurada de Velázquez publicada por la Contraloría es de 2019. Para ese entonces, Velázquez declaró un inmueble en la zona de La Recoleta, Asunción, tasado en G. 800 millones.
Además, mobiliario por G. 80 millones. No tenía deudas, tampoco vehículos ni dinero en efectivo o en cuentas bancarias, según él mismo.
Así su patrimonio había crecido 1.289% con respecto a lo que declaró en 2016.
Isasi, por su parte, fue denunciada en 2017 ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Llegó a ser apercibida por un fallo irregular que permitió el despojo de una valiosa mina de oro en Paso Yobai. El proceso inició en 2014, cuando los inversionistas sufrieron invasiones en la explotación.
Blas Velázquez y la abogada Ana Mora habían recomendado a inversores extranjeros de la mina que iniciaran un proceso judicial para el desalojo, pero ante un juzgado de Quiindy.
La causa cayó entonces en manos de la jueza Clara Raquel Isasi, esposa del síndico Blas Velázquez.
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Isasi tardó 15 días en otorgar una medida cautelar de prohibición de acercarse a la mina para los buscadores locales, decisión que fue apelada. Cuando debía salir la sentencia definitiva, Ana Mora y Óscar Ramírez Mora les dijeron a los inversores que debían pagar 100.000 dólares. Caso contrario, los jueces fallarían en su contra. Los inversionistas americanos y sus socios se negaron. Entonces empezaron los problemas.
Para 2015 ya se había desatado una maraña judicial que fue publicada entonces por el diario Última Hora. Además de los líos judiciales, la abogada Mora consiguió que le regularan sus honorarios en casi 2 millones de dólares por UNA sola intervención.
Mora fue beneficiada con esta regulación por la entonces jueza de la Niñez y la Adolescencia de Quiindy, Clara Isasi, miembro de la Fundación Quiindy junto al ministro Fretes, su jefe.
Esa regulación fue la que permitió el despojo de la valiosa mina de oro en una disputa que Mora sigue alargando hasta el día de hoy